Inseguridad alimentaria, flagelo del 18% de las casas

La inseguridad alimentaria, reducción involuntaria por razones económicas de la porción de comida y la percepción de experiencias frecuentes de hambre, alcanza al 18,6% de los hogares en la Argentina, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En 2022, un 18,6% de los hogares se encontraron en condiciones de inseguridad alimentaria, un punto porcentual menos que en 2021 y por debajo del 22,1% alcanzado en 2020, en el marco del inicio de la pandemia que afectó el ingreso de los hogares.

Dentro de la inseguridad alimentaria, se distingue la situación de inseguridad alimentaria moderada, que alcanza a 10,6% de los hogares (11,4% en 2021 y 13,3% en 2020), y severa, en la que se encuentran 8% de los hogares (8,2% en 2021 y 8,8% en 2020).

El informe “Radiografía de la pobreza en Argentina: privaciones sociales y desigualdades estructurales”, indicó que la recomposición no llega a alcanzar los niveles de 2018 (16,5%) y la brecha entre inseguridad alimentaria total y severa tiende a incrementarse a partir de 2018.

En ese segmento, el 8% de los hogares está en un cuadro severo y el 10%, moderado

Esto está determinado por “la aceleración inflacionaria a partir de 2018, que marcó niveles altos definiendo una tendencia sostenida en general y para los precios de los alimentos en particular, todo esto en un contexto marcado por el estancamiento en la generación de empleo registrado”.

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Juan Ignacio Bonfiglio, uno de los investigadores a cargo del informe, señaló que “la privación alimentaria se incrementó de manera fuertemente sostenida hasta 2020, con pico máximo en la pandemia, donde se incrementa la privación moderada y severa”.

“Después se observa una privación parcial que no llega a niveles de 2019”, agregó.

En una presentación a la prensa que se realizó en la sede de la UCA en Puerto Madero, dijo que “en 2020, cuando se implementa la Tarjeta Alimentar, tenemos el punto más alto”, y destacó que “el impacto de la pandemia hubiera sido más fuerte si no hubiera estado esta asignación”.

Detalló que “los hogares que residen en barrios de nivel socioeconómico bajo o villas y barrios populares marcan una tendencia diferenciada de los estratos medios, capturan gran parte del impacto del deterioro de la situación en términos alimentarios”.

En los hogares con inseguridad alimentaria, el 57,4% de los ingresos son laborales, mientras que 25,9% son ingresos por programas o pensiones no contributivas y 16,6% son ingresos no laborales.

El escenario está determinado por “la aceleración inflacionaria” a partir de 2018

A su turno, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), señaló que “el aumento de los planes sociales brindaron una protección ingresos complementarios para sortear una situación de inflación”.

Aclaró que “la población no sobrevive con planes sociales, realiza otras actividades que les permite tener un ingreso que cubre sus necesidades, no para salir de la pobreza, apenas para salir de la indigencia”.

“Ese trabajo no alcanza para superar los problemas de inseguridad alimentaria”, agregó.

Además, observó que en el último año “se redujo el desempleo pero han crecido de manera significativa los empleos precarios, changas de baja productividad pero de mucho esfuerzo de las familias”.