Alquileres: ya hay un proyecto que plantea dos años de contrato y ajustes a pactar

Un grupo de entidades vinculadas a la construcción y comercialización de viviendas presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una iniciativa para que los legisladores modifiquen dos artículos de la actual y polémica ley de Alquileres 27.551.

La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) son las entidades firmantes del nuevo petitorio.

Las entidades sugieren que la actualización siga usando la fórmula actual del Central

La propuesta plantea que “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales”. Agrega que “en ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”.

Lo sugerido por estas entidades es que los ajustes deben seguir actualizándose bajo un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sobre el plazo de contrato, otro punto cuestionado a la norma vigente, se plantea la reducción de tres a dos años.

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En la primera semana de julio, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados formalizaron un pedido de sesión especial para debatir una Ley de Alquileres el próximo 23 de agosto, luego de que fracasara un intento de Juntos por el Cambio para que se avanzara en la derogación de la legislación vigente al pedir un tratamiento sobre tablas.

La Ley vigente se aprobó en julio de 2020 y desde entonces recibe cuestionamientos

“La iniciativa traerá en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional, generando un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres”, explicaron en un comunicado las entidades que impulsan la reforma en medio de un contexto inflacionario con retracción de la oferta de vivienda.

La Cámara Inmobiliaria de la Provincia (CIBA) participó en la redacción de la idea que busca llegar al recinto a través del mecanismo de iniciativa popular, según indicó la titular de la entidad y martillera platense, Mirta Líbera. La directiva le dijo ayer a este diario que “si bien esto es una medida de urgencia, al sólo efecto de aliviar un poco la tensión que hay con el retiro de tantos inmuebles del alquiler y aumentar la oferta, dado que estamos en un contexto de mucha incertidumbre, acortar el plazo a dos años puede hacer posible que algunos propietarios estén decididos a continuar con sus inmuebles en alquiler”.

Ajustes pactados y cortos

La martillera local analizó sobre el texto propuesto que “el ajuste semestral, cuatrimestral, libre o con posibilidad de pactar entre las partes, puede ser de ayuda. Creemos que son medidas de corto plazo, de urgencia para aliviar esta peregrinación que tienen muchas personas que necesitan alquilar, no encuentran unidades y los precios se van de sus posibilidades”.

También planteó profundizar en materia de acceso a la vivienda: “En paralelo, es de esperar que haya medidas de mediano y largo plazo, que se tomen con una política basada en diagnósticos sobre datos, resultados y en atender las experiencias y las consecuencias de lo que ha pasado con otras medidas”. Puntualmente, pidió “un plan para mejorar el acceso a la vivienda como inquilinos y por supuesto si hubiera créditos” para la compra.

Mientras los bloques discuten el método y el texto, las cámaras dieron su paso tras semanas de negociaciones en el Ministerio de Economía y el Congreso. “Plantearlo de esta manera es una alternativa que nos da la reglamentación. Creemos que es algo importante. Utilizar la entrada a la legislatura para que se tome en consideración”, dijo Líbera sobre el mecanismo de iniciativa popular que usaron.

Tras un extenso periodo de debate en las comisiones donde no se logró acordar un dictamen para modificar la Ley 27.551, en la última sesión de Diputados, se buscó desarrollar el debate sobre tablas. La idea, con amplio apoyo entre los bloques de oposición al Gobierno Nacional, en particular de Juntos por el Cambio, no prosperó, pero después de largas deliberaciones se avanzó con la convocatoria a una sesión especial para el 23 de agosto.

La nota no fue acompañada por la bancada oficialista, pero no se descarta que ese día dé quórum para facilitar el debate. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau (Frente de Todos) señaló que “ojalá se puede llegar a ese acuerdo, porque ya hay dictámenes sobre el tema, y es un tema que las comisiones vinieron tratando desde hace mucho tiempo. Si este tema no fue tratado antes acá es porque no hubo consenso. Ojalá, lo puedan encontrar de acá a la próxima sesión”, cerró.

El debate se dio en el marco de la sesión especial de la Cámara baja, donde se trató un conjunto de temas consensuados, entre ellos los de violencia digital y créditos UVA.