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Suma fija: el Gobierno amenazó con multas y los empresarios lo definieron como "plan platita muy caro"

"Van a tener que pagarla, y encima, multa", aseguró la ministra de Trabajo, Kelly Olmos

Suma fija: el Gobierno amenazó con multas y los empresarios lo definieron como "plan platita muy caro"
29 de Agosto de 2023 | 11:06

Después que la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, saliera al cruce de las críticas de sectores empresarios a la suma fija de $60.000 anunciada para trabajadores del sector privado y advirtiera que quienes no lo paguen serán multados, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios calificaron la medida como "plan platita muy caro".

El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de ordenar el pago de un bono de $60.000 a trabajadores formales a través de un decreto y reclamó que se mantenga la paritaria como el ámbito institucional en el que se discutan los salarios.

El dirigente aseguró que es un “plan platita muy caro” que generará problemas por la emisión monetaria necesaria para implementarlo y una nueva suba de precios al aumentar los costos de las empresas.

"Es raro que vengan a esta altura con un bono para todo el mundo. Parece un plan platita muy caro. Lo que hoy parece un bálsamo, es una inyección de morfina que cuando pasa el efecto vuelve el dolor y peor", señaló Grinman en declaraciones a la prensa.

“Es un plan platita muy caro porque emiten por $700 mil millones y eso va a ir precios y a la inflación”, insistió el titular de la CAC. Grinman enfatizó que “para nosotros el ámbito natural de las discusiones salariales son las paritarias. Cuando el gobierno interviene genera problemas porque no sabe la condición de cada sector”.

El empresario aclaró que “no están en contra de la recomposición salarial pero se tiene que debatir en el ámbito que corresponde”. En esa línea, remarcó que incluso genera problemas entre los trabajadores porque “achata la pirámide y la escala salarial”.

Consultado sobre cómo se instrumentará señaló que “el que lo puede pagar lo paga y el que no lo pueda pagar pacta con los empleadores y se llega a un acuerdo. Porque los empleados son más inteligentes que los gobernantes”.

Además, advirtió que al no conocerse el decreto existe el temor que los supuestos auxilios del Estado vía el no pago de las contribuciones patronales pueda ser a cambio de tener que ingresar al programa “Precios Justos” que impone que los aumentos de precios no superen el 5% mensual. “No sabemos cómo va a funcionar y en muchos sectores puede ser que obliguen a integrar Precios Justos”, alertó Grinman.

Kelly Olmos: "Van a tener que pagarlo"

Consultada sobre qué ocurrirá en el caso de las compañías que no abonen la suma fija, estipulada en dos tramos de $30.000 cada uno a cobrar en septiembre y octubre por aquellos trabajadores con ingresos netos de hasta $400.000, la ministra de Trabajo "Kelly" Olmos respondió que será necesario contar con "el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas" y precisó que, además, "trabajadores tienen canales anónimos para denunciar el incumplimiento".

En ese sentido, puntualizó que las firmas que no abonen la suma fija "tienen una infracción", por lo que "van a tener que pagarlo, y encima, multa".

En ese marco, detalló que "en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100 por ciento del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas".

Luego planteó que si bien el Gobierno nacional no posee "competencia para imponer la decisión en las provincias o municipios", el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, invitó a los gobernadores e intendentes a hacerlo".

Ayer, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó el pago de la suma fija, a cuenta de la futura paritaria, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".

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