Gobernadores, jubilados y clase media, en la mira del Gobierno de Milei

Mientras asisitimos a la batalla del presidente con los gobernadores (de resultado institucional y fiscal incierto) resulta importante repasar una vez más la situación de los ingresos reales de la sociedad, pues de su evolución depende en buena medida tanto el nivel de actividad económica como la legitimidad de ejercicio de la administración Milei y su nivel de aceptación en la opinión pública. Spoliler alert: las clases medias se llevan la peor parte y los sectores mas vulnerables (AUH) salen menos lastimados.

Vayamos a los números concretos. Al medir el ingreso promedio de los trabajadores (RIPTE), en dic-23, último dato disponible, vemos que alcanzó un valor de $484.187, lo que representó una caída mensual real del 14%, mientras que al medirlo respecto al último máximo reciente (jul-23) la caída real alcanza un 23% (en apenas cinco meses) regresando así a niveles que no se observaban desde mediados de 2005, cuando el país todavía estaba saliendo de los rezagos de la crisis del 2001.

En cuanto al haber mínimo jubilatorio, ha alcanzado el menor valor desde el año 2003, solamente equiparable con la jubilación mínima de $150 durante la década de los 90’. Considerando el bono (que no forma parte legal de los haberes jubilatorios), en marzo alcanzaría un valor de $204.446, muy similar a los haberes que se pagaban durante el año 2005, en pleno proceso de recuperación económica y de ingresos.

Situación parecida se observa en lo que respecta al salario mínimo vital y móvil (SMVM), que claramente no es la prioridad del Gobierno. Allí se observa el menor valor desde el año 2002, cayendo entre julio del 23 y marzo del 24 en un 38% en términos reales. Ello implica un efecto cascada sobre otros ingresos ya que una buena cantidad de partidas presupuestarias sociales se encuentran indexadas al SMVM.

Que el Gobierno haya comunicado que ya no se ajustarán por el salario mínimo poco importa, pues ya han sido licuadas casi un 40% en poco más de seis meses. La que mejor “zafa” luego del cimbronazo inflacionario de diciembre-marzo es la asignación universal por hijo. Esta partida es de especial interés del Gobierno (la aumentó 154% en apenas 3 meses), ya que es una de las pocas que no cuenta con intermediarios de las organizaciones sociales. De esta manera, recuperan el mismo poder adquisitivo que, por ejemplo, el promedio de 2021-22. Es probable que la administración libertaria busque mantener el poder adquisitivo de la AUH para debilitar otras asistencias que implican otras prácticas y actores políticos.

El FMI, la cuestión social y el cepo

Tal es la complejidad del contexto social que hasta el propio FMI está preocupado por la sostenibilidad social y política del ajuste económico. En las propias palabras de Gita Gopinath, la N°2 de Giorgieva en el FMI: “Es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas.”

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Asimismo, trabajos académicos han demostrado que una vez que ciertos grupos etarios caen por debajo de la línea de pobreza es muy difícil regresarlos a niveles superiores. Lo antedicho nos lleva a evaluar la sostenibilidad fiscal del ajuste en un contexto donde los ingresos fiscales se encuentran en caída libre por el derrumbe en los ingresos y la actividad económica. Solamente el impuesto PAIS y los derechos de exportación muestran una dinámica positiva.

El ránking de los subsidios

Casi 1/3 del ajuste durante el mes de enero -donde se alcanzó el equilibrio financiero por primera vez en más de una década- provino de partidas sociales. El segundo rubro fue el gasto de capital, con un aporte de casi 7 p.p. reales, lo que implica prácticamente la paralización de la obra pública. En tercer lugar, se ubicaron los subsidios, enmarcados en transporte y la energía, que aportaron 6,6 p.p. Los salarios públicos y gastos de administración cerraron el cuarto lugar, con un aporte de 5 p.p. reales. Hay quienes contemplan la posibilidad de que el nuevo acuerdo con el FMI implique un financiamiento adicional de US$ 15.000 millones. En ese caso cabe interrogarse: ¿cuál sería su destino?

Si se utilizan para salir del cepo podría tener efectos contradictorios. En caso de involucrar una nueva devaluación los ingresos de las clases medias y bajas agregarían padecimientos mayores a los actuales.

Si los desembolsos se utilizaran para anclar expectativas y se optara por una salida gradual de las restricciones cambiarias, podrían tener un impacto virtuoso, ya que a partir de mitad de año comenzaría a operarse una mayor fluidez de las importaciones que ayudaría a anclar los precios internos.

El ministro Caputo dejó entrever que el IPC de febrero estaría por debajo del 15%. El objetivo es llegar a abril/mayo con una inflación de un dígito. Lograrlo dependerá de cuánto pueda sostener un crawling peg al 2% mensual sin que se le disparen las expectativas de devaluación. También influirán las expectativas políticas, afectadas por el alto nivel de crispación de las muchas batallas que encara el presidente Milei.

Luego del cierre casi total de fondos discrecionales a las provincias, del fin de los subsidios al transporte en todo el país (salvo en AMBA, aunque también con reducción importante) y del cobro directo de los fondos coparticipables de las deudas a Chubut la viabilidad política se ubica en el centro de la escena. El resultado está abierto.

En cuanto al haber mínimo jubilatorio, ha alcanzado el menor valor desde el año 2003