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Dialoguistas y gobernadores presionan por el reparto de fondos a las provincias y la coparticipación del Impuesto País, pero el Gobierno se resiste a dar ese debate
La semana pasada, el debate en el Congreso se dio mientras afuera chocaban gendarmes con manifestantes
Una vez más, las negociaciones están trabadas y la discusión asoma todavía con final incierto. La Cámara de Diputados se prepara para un déjà vu de lo que ocurrió la semana anterior, cuando la denominada Ley Ómnibus que empezó a tratarse el miércoles, se aprobó en general el viernes después de 30 horas de debate y finalmente pasó a un cuarto intermedio para hoy, con la intención de aprobar la iniciativa en particular, artículo por artículo. Pero esa tarea podría demandar otros tres días, porque el oficialismo y la llamada oposición “dialoguista” mantienen diferencias en temas como privatizaciones, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses y, sobre todo, la coparticipación del impuesto País, una herramienta que el gobierno de Javier Milei no está dispuesto a ceder como moneda de cambio y que para las provincias representaría una inyección extra de dinero en época de vacas flacas.
La pelea, entonces, es por el reparto de fondos: al quitar del megaproyecto de ley el capítulo fiscal, el Gobierno advirtió que avanzaría con un ajuste mayor en fondos destinados a las provincias para compensar las subas de impuestos descartadas. E incluso, Milei amenazó con endurecer el ahogo financiero si los gobernadores no acompañan su normativa estrella.
En esa puja, los diputados cordobeses que integran el bloque que conduce Miguel Pichetto son los que más presionan para que la coparticipación del impuesto País entre en la discusión particular de la ley para compensar, en parte, la quita de recursos que implicó la eliminación del impuesto a las Ganancias durante la administración anterior. “Si no lo quieren meter en la discusión, les vamos a coparticipar el impuesto PAIS a las trompadas”, desafían.
Desde su creación en 2019 los ingresos por ese tributo van en un 70% al PAMI y la Anses, mientras que el 30% restante se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que administran los movimientos sociales. Los gobernadores reclaman que ese 30% se reparta entre las provincias o que se coparticipe el 21% y el 9% se gire al Renabap.
En el Gobierno rechazan esa propuesta, argumentando que se trata de un impuesto temporal ligado al cepo cambiario y que si se coparticipa se hará casi imposible eliminarlo. Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió ayer que si la oposición incluye el artículo en la ley, el Presidente lo vetará. También el vocero presidencial, Manuel Adorni, avisó: “No vamos a discutir ningún punto que tenga que ver con lo fiscal. Después de aprobar la ley discutiremos el paquete fiscal que fue quitado”.
Pero gobernadores como el cordobés Martín Llaryora temen que las provincias queden desfinanciadas si la ley pasa tal y como está y se posterga para más adelante la discusión fiscal. El reclamo es que la pelea por la coparticipación se dé ahora mismo.
“Tienen que abrir la discusión. Están muy a la defensiva y nerviosos porque no saben qué hacer. Los interlocutores no tienen poder político. Tampoco quieren avanzar en la discusión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, protestaban ayer en Hacemos Coalición Federal, un bloque clave para que el oficialismo pueda ganar la votación particular.
También los radicales están a la espera de novedades en la coparticipación y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, por el que los gobernadores piden una compensación para equilibrar las deudas de las cajas jubilatorias.
Otro tema que inquieta a la Unión Cívica Radical (UCR) es el referido a la seguridad. La mayoría del bloque rechaza la suba de penas a piqueteros y mantienen diferencias en los artículos que modifican el concepto de legítima defensa y resistencia a la autoridad.
En cambio, la UCR resolvió apoyar el capítulo de privatización de empresas estatales que envió el Gobierno la semana pasada, pero exigen cambios en los artículos que hablan de transparencia y que dejan en manos de la comisión Bicameral la supervisión de la venta.
Con este clima de tensión la Ley Ómnibus enfrentará desde hoy su segundo round en Diputados. Y mientras la relación entre el oficialismo y la oposición dialoguista pende de un hilo. Sobre todo después de que el Presidente compartiera en sus redes sociales un chiste del dibujante Nik que destacaba el “hito” del Gobierno: haber logrado “que los diputados hayan laburado en enero”. Lo hizo a punto de partir rumbo a Israel, Italia y El Vaticano, donde se entrevistará con el Papa, y horas antes de que la Cámara Baja empiece a definir el destino de una ley a la que todavía le espera un espinoso camino en el Senado.
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