Gobernadores que se sienten víctimas de una venganza, malestar y gran preocupación

La decisión del Gobierno, ordenada por el ministro de Economía Luis Caputo, de eliminar el Fondo Compensador del Transporte para el interior del país -por el cual se subsidiaba a las empresas de colectivos- tomó por sorpresa a los gobernadores. Según las primeras reacciones, interpretaron la medida como una suerte de venganza de la Nación porque no salió en Diputados la Ley Bases. Un revés para el Poder Ejecutivo por el cual el presidente Javier Milei acusó a los mandatario de “traidores” y a los legisladores que les responden de “delincuentes”.

Se habría profundizado así la ruptura en la ya mala relación política entre Milei y las administraciones provinciales, muy complicada desde que la Rosada decidió que las medidas de ajuste fiscal deben también incluir los fondos que se destinan a los distritos subnacionales.

Para colmo, parece que intendentes de varias ciudades del interior del país habían pedido una reunión con la Secretaría de Transporte para analizar justamente este tema y en esas charlas ningún funcionario les advirtió los cambios que se venían. Acaso realmente no lo supieran en ese nivel. Así, la medida fue leída como de vocación “rupturista” por parte del Gobierno central hacia el interior.

De hecho los alcaldes emitieron un comunicado marcando su “extrema preocupación” y avisaron que irán a la Justicia. Un total de 17 intendentes de diferentes partidos firmaron el texto que, se explicó, tiene el respaldo de más de cien jefes comunales de todo el país.

DISCONFORMIDAD

Durante la jornada de ayer, los gobernadores que manejan provincias afectadas por la quita comenzaron a manifestar su disconformidad.

El radical mendocino Alfredo Cornejo sostuvo que la medida “incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo”.

El santafesino Maximiliano Pullaro, también de la UCR, afirmó que a su provincia “siempre la han discriminado” y que ellos nunca creyeron “que se iban a cortar los subsidios”. Dijo: “Ahora se le quitan 1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los subsidios al transporte. Siempre hay una discriminación sobre Santa Fe en particular y sobre el interior de la República Argentina en materia de subsidios”.

Pullaro tiró datos que suelen ser compartidos por sus colegas en el marco del reclamo histórico de la supuesta discriminación que sufre el interior. Recordó que, ya desde el gobierno anterior, el 85 por ciento del total de los subsidios del transporte se destinaban al AMBA (Capital Federal y el Conurbano), y que por eso es tan significativa la diferencia en el costo del boleto.

Ese dato es real, pero debe ser leído -y acaso relativizado- en el contexto de otro reclamo histórico: la discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires en materia de coparticipación de impuestos, aportando casi el 40 por ciento del Producto Bruto y recibiendo a cambio poco más del 20 por ciento de la distribución impositiva.

En el reclamo de las Provincias acaso anide cierta desconfianza hacia el cambio de lógica que anunció la Secretaría de Transporte. En efecto, disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional para concentrar la ayuda directamente a los usuarios que más lo necesitan, canalizando la asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

En un comunicado, los alcaldes marcaron su “extrema preocupación”

Para ello, se decidió terminar con el congelamiento de tarifas que se había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del AMBA -siempre de líneas nacionales- lo que generó mucho ruido social en el Conurbano por el aumento que implica en el valor del pasaje. Y además se eliminó el mencionado Fondo Compensador del Interior del país que -se reitera- iba a las empresas.

Mandatarios del ex Juntos por el Cambio, que se supone tienen mejor diálogo con el Gobierno que sus pares peronistas, dejaron trascender a los medios que había un acuerdo con la Rosada y que éste “se incumplió” después de lo de la ley Ómnibus. Aseguran que les habían dicho que en enero ellos deberían hacerse cargo del subsidio y que, a partir de febrero, los recursos los pondría la Nación. Por eso subrayan el supuesto carácter “vengativo” de la medida.

Por supuesto que en el Gobierno niegan cualquier revanchismo.

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