El impacto del guiño judicial a la Provincia en medio de la disputa por fondos con Nación

La intensa pelea que mantienen el gobierno bonaerense y el nacional incluyó una reciente ofensiva de la mano derecha de Axel Kicillof, el ministro Carlos Bianco, con una denuncia verbal de que la Casa Rosada, en una actitud premeditada, no sólo contable según su criterio, pretende asfixiar financieramente a la administración provincial por la quita constante de fondos. Ayer llegó la respuesta del mileismo.

Fue a través del vocero presidencial Manuel Adorni. “Con respecto a lo que expresaron funcionarios bonaerenses, dentro de la lógica de decir absolutamente cualquier cosa, vale la aclaración: con la provincia de Buenos Aires no hay deuda en cuanto a los flujos normales y habituales, cero pesos se les debe”, planteó el funcionario en su habitual conferencia de prensa. “La coparticipación es de transferencia automática, así que no veo por qué debe haber deuda, es imposible que exista en esos términos”, aclaró.

En realidad el reclamo bonaerense es por los fondos que llegan por afuera de la coparticipación, los que se conocen como “discrecionales” y otros mecanismos de asistencia, como las partidas para obras, por ejemplo. Es el gran recorte que hizo el presidente Javier Milei bajo la ya célebre premisa: “No hay plata”.

“Entiendo que a lo que se refiere (la Provincia) es a deuda en obras no terminadas y somos gustosos a que si ellos consideran que hay que terminarlas, que las terminen. Entendemos que las provincias tienen que hacerse responsables de determinadas cuestiones, algo que hasta ahora no ocurría”, amplió Adorni en respuesta a Bianco. Es decir: que se financien por sus propios medios. El ministro provincial, en el marco de su denuncia de un plan “deliberado y sistemático de asfixia financiera y económica contra el pueblo bonaerense” había hablado de una deuda de $5,8 billones.

Pronunciamiento judicial

Kicillof tuvo ayer una buena noticia respeto a este tironeo. La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno nacional dejó de transferirle fondos para compensar la caja de jubilaciones bonaerense, uno de los ítems que reclama el gobernador como adeudados.

Fue la procuradora adjunta Laura Monti quien se pronunció de esa manera en el marco de una medida cautelar que formuló Kicillof ante la decisión nacional de recortar esos aportes, que se enmarcaban en una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

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La Provincia había pedido la inconstitucionalidad de ese decreto de necesidad y urgencia para que el Estado Nacional restablezca las transferencias desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al Instituto de Previsión Social (IPS) para cubrir el “déficit del régimen jubilatorio” de la Provincia.

El régimen se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, cuando se firmó el “Compromiso Federal” (ratificado luego por ley) por el cual la Nación se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos durante el menemismo, con recursos provenientes de rentas generales.

La aplicación de esa norma se mantuvo durante el interinato de Eduardo Duhalde y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner e incluso se profundizó cuando en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, se dictó la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. Uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo “para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho”.

Fondos presupuestados

En el presupuesto 2023, el último que votó el Congreso y cuya prorroga usa Milei para gestionar, los fondos fueron previstos. Establece una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales un monto en concepto de “anticipo a cuenta”, equivalente a una doceava parte del déficit (sea provisorio o definitivo). Ese método fue determinado por un decreto del gobierno de Macri, con la idea de ayudar a la gestión provincial de María Eugenia Vidal, y luego fue prorrogado cada año por el gobierno de Alberto Fernández para darle una mano a Kicillof.

Sin embargo, cuando asumió La Libertad Avanza Milei interrumpió ese flujo mediante el famoso DNU y eso generó el reclamo.

La Procuración, como era de esperarse, entiende ahora que” la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”.

No es el único reclamo de Kicillof. Por cuerda separada también exige la restitución del llamado Fondo de Fortalecimiento Federal, creado durante el gobierno anterior en base a una quita de coparticipación a la Ciudad Autónoma y para atender un reclamo salarial de la Policías Bonaerense. Y el Fondo de Incentivo Docente, a través del cual se ayudaba a pagar el salario de los maestros bonaerenses.