Por qué hace falta bajar la edad de imputabilidad

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Luego de la luchada aprobación de la Ley Bases, el Poder Ejecutivo, por vía de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, van a enviar al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad en nuestro país, a los 13 años de edad.

Primero y principal es importante entender por qué esto sí se puede hacer, puesto que la mayoría de argumentos en contra de esta medida apuntan a la generación de “violencia estatal contra la minoridad”; “criminalización de la pobreza”; y hasta “deserción del Estado en su obligación de que los niños tengan pleno ejercicio de sus derechos”. La contundencia del trasfondo de estos argumentos puede confundir.

La baja de la edad de imputabilidad es perfectamente legal en Argentina, no encontrando reparos legales por la positiva ni la negativa fundamentalmente porque el país está adherido a la Convención de Derechos del Niño, brindándole a esta carácter constitucional, y la misma no establece mínimos de edad imputatoria, solo requiriendo que los Estados parte velen para que la detención o la prisión de un niño se lleve a cabo de conformidad con la ley y se utilice únicamente como medida de último recurso y durante el período más breve posible. De aquí se entiende que los Estados parte pueden imputar delitos y aplicar penas de prisión a menores.

Es clave entender también que se obra en un contexto donde la violencia juvenil ha escalado. De acuerdo a una investigación de Gustavo Carabajal, el número de medidas de seguridad dictadas por la Justicia bonaerense sobre adolescentes de hasta 15 años creció 40% entre 2021 y 2022.

Entre ellos, los homicidios del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, quien fuera asesinado por un criminal de 15 años de un balazo por la espalda, o del comerciante Ghezzi quien fue robado de su vida a sangre fría en La Matanza por otro asesino de 15 años.

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La raíz de la problemática es federal, y no escapa a otro de los epicentros de la narcoviolencia como Rosario, donde el asesinato del playero Bruno Bussanich fue parte de una ola de sangre y violencia que intentó hacer retroceder el Operativo Bandera y el avance del orden que significa el accionar de la ley en territorio rosarino. ¿El responsable? Un sicario de 15 años, que ya se había llevado 3 vidas con anterioridad.

Hoy, considerando que los menores de 16 que infringen la ley no pueden ser sometidos a un proceso penal, los homicidas que no cruzan esa franja etaria reciben una “medida de seguridad” que se asemeja a la prisión preventiva, y que se extingue a los 18 años.

Desde ese momento en adelante recuperan la libertad y por su edad hoy no les quedan tampoco antecedentes, ya que son considerados “menores no punibles”, una herramienta que, paradójicamente, impide la registración de dichos delitos en las estadísticas oficiales.

Esto beneficia de manera contundente a las organizaciones criminales, que encuentran en este marco legal un costo bajísimo para armarse de grupos de sicarios y soldaditos que maten y violen la ley sin consecuencia alguna, a costo de la destrucción de vidas inocentes y la alteración del orden público.

Argumentos de defensa

En este sentido, bajar la edad de imputabilidad no implica discriminar la niñez, no se afectan derechos de nadie, sino que se protegen los derechos y la vida de las personas que deciden respetar la ley. Sancionar a aquellos individuos que delinquen es un criterio que tiene que ser ejemplificador e innegociable para cimentar el orden y la cohesión social del país. Damos por descontado, lógicamente, el obvio carácter disuasivo de tales penas. No existen sociedades prósperas con delincuentes impunes.

No se puede ideologizar el despliegue del orden tampoco. No hay lógica alguna en que tengamos menores cometiendo crímenes de adultos, con registros de reincidencias incluso, y continúen en libertad. No es justo que tengamos un sector poblacional al amparo de excepciones ilegítimas a la aplicación de la ley cuya contracara sea la marca de la impunidad, ausencias irreparables y daños económicos y psicológicos en las vidas de las víctimas.

Allá por 2017, la hoy diputada nacional socialista por Santa Fe, Mónica Fein, hablaba de que “no se va a resolver la violencia bajando la edad de imputabilidad, sino bajando la pobreza”, un argumento irresponsable que solo profundizó la crisis en mi provincia.

¿Cuál sería el corolario de ese argumento? ¿Que hasta resolver la pobreza, y restituir un sistema de educación pública que garantice el acceso a una contención y ejemplaridad de conocimiento y valores que siempre deberán ser coincidentes con los que los menores aprenden en su casa, todo criminal menor de edad será impune?

Es evidente que el abandono, las carencias estructurales y la ausencia de contención familiar generan en los niños una vulnerabilidad que los deja expuestos a ser reclutados con mayor facilidad por las redes de narcotráfico y violencia para sus propósitos espurios, pero eso no exime al Estado de hacer cumplir la ley. La convención de razonabilidad es que por más que una persona sea pobre y haya tenido carencias no está habilitada para terminar con la vida de otra persona y gozar de impunidad por ello. El homicidio, y todo delito, se castiga.

Gran parte del mundo, incluídos los países limítrofes a la Argentina, tienen desde hace años regímenes legales con la imputabilidad rigiendo desde los 13 años. Exculpar la comisión de delitos en nombre de las deficiencias del tejido social y la pobreza no releva la responsabilidad particular de los delitos cometidos, aunque bien valga la pena siempre discutir y hacer el máximo esfuerzo por bajar la pobreza.

Bajar la edad de imputabilidad protege a quienes cumplen la ley y atiende una situación problemática que viene creciendo, restituyendo una premisa inclaudicable: los delitos tienen consecuencias. También corta de raíz con la carrera delictiva (para lo cual revisar el Régimen Penal Juvenil será necesario también). Delitos de “adultos” tienen penas de “adultos”.

*Integrante del Operativo Bandera en Rosario