Escándalo con fotomultas y la VTV: allanaron un hotel

En las últimas horas la Justicia ordenó el allanamiento de una financiera ubicada en el hotel Sheraton de Pilar, en el marco de la causa que investiga al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por presuntas irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un servicio clave para la seguridad vial en la provincia.

La causa, que está bajo la supervisión del Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, apunta a D’Onofrio y a su pareja, Claudia Pombo, expresidente del Concejo Deliberante de Pilar, quienes habrían facilitado la contratación de la empresa Solutiontec para la asignación de turnos en el sistema de VTV. La denuncia, presentada por la Coalición Cívica, sostiene que dicha firma estaba relacionada con la financiera Token Capital, ubicada en la planta baja del hotel, cuya sede fue allanada ayer.

Al llegar los efectivos de Prefectura Naval al lugar, se encontraron con personas desmontando la financiera, lo que generó una alerta sobre posibles intentos de destrucción de pruebas. Ante esta situación, se solicitó al Sheraton Pilar toda la documentación relacionada con los contratos vinculados a la financiera y otros negocios operados dentro del hotel, incluyendo una peluquería que también estaría implicada. Además, las autoridades procedieron a revisar depósitos y bauleras vinculadas al caso.

El exministro, quien formaba parte del gabinete de Axel Kicillof, presentó su renuncia a finales de diciembre de 2024 luego de que la Justicia levantara el secreto fiscal y bancario sobre su persona, en medio de la controversia por la VTV. Sin embargo, D’Onofrio no es el único implicado en esta trama presunta de corrupción.

En paralelo, enfrenta otra investigación en La Plata, dirigida por la fiscalía de Álvaro Garganta, que lo vincula a un esquema paralelo de gestores que, a cambio de un porcentaje del monto de las multas, ofrecían la posibilidad de eliminar las infracciones de tránsito.

Esta maniobra, según las denuncias, afectó gravemente las arcas de Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia. La compañía sufrió una pérdida mensual de entre 4 y 10 millones de dólares debido a la manipulación del sistema. En esta causa también está señalado Mario Quattrochi, un juez de faltas de La Plata, quien presuntamente facilitaba la eliminación de multas a cambio de sobornos.

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Durante los operativos, los efectivos tenían la orden de secuestrar toda la documentación vinculada a la causa tanto en agendas y anotaciones de los empleados, o en contratos de locación, facturas, o recibos relacionados a la explotación de los locales. De esta forma el allanamiento marca un avance significativo en la investigación.