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Sam Davies
Los litigios ambientales y climáticos están en auge en China, con miles de tribunales y más de un millón de casos recientes. Y a diferencia de otros países, en el gigante asiático son los fiscales los que impulsan estos procesos.
En lugar de un movimiento encabezado por activistas y oenegés, los litigios climáticos en China están dominados por fiscales estatales que buscan hacer cumplir las regulaciones existentes.
El gigante asiático es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, y su desempeño en este campo determinará la trayectoria del cambio climático en el mundo.
En todo el mundo, las cortes nacionales e internacionales son el nuevo campo de lucha para presionar a los gobiernos en materia climática.
Quizás la victoria de más alto perfil se dio en julio en la Corte Internacional de Justicia, que le dijo a los países que tienen el deber de enfrentar el cambio climático.
Pero en China, los casos tienden a centrarse en la aplicación de las regulaciones, y las oenegés y activistas suelen quedar al margen.
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Los tribunales velan por el cumplimiento de las normas sobre cambio climático del gobierno dispersas en varias leyes y regulaciones, pero no promueven cambios en estas políticas ambientales, explica Zhu Mingzhe, profesor de derecho de la Universidad de Glasgow.
Aunque muchos casos “contribuyen a la mitigación del cambio climático (...) no abordan directamente el cambio climático”, resume.
Antes de la cumbre climática COP30 de noviembre, el presidente Xi Jinping presentó las primeras metas chinas de emisiones, con la promesa de reducir los gases de efecto invernadero en 7% a 10% en una década.
Las cifras son menores a lo que los expertos consideran necesario, pero hay poca posibilidad de que sean disputadas en una corte.
En su lugar, “las cortes y fiscales se aseguran de que las leyes sean efectivas”, señaló Boya Jiang, una abogada climática de ClientEarth en Pekín. Hace una década, una autoridad ambiental podía evitar ser sancionada por incumplir sus deberes ambientales si lograba crecimiento económico. Ahora “será llevada a corte y habrá castigos severos”, aseguró Jiang.
Las empresas también deben considerar los impactos ambientales, dijo. Entre 2019 y 2023, las cortes resolvieron más de un millón de casos, según la prensa estatal, casi 20% más que los cinco años previos.
Existe amplio respaldo a los litigios ambientales en la opinión pública y el gobierno ha empoderado a los fiscales, sostuvo Lu Xu, profesor de derecho de la Universidad de Lancaster.
Es un tema “políticamente correcto” en todos los estamentos, comentó.
Por ejemplo, en 2020, fiscales de la provincia oriental de Huzhou ganaron un caso de interés público contra una empresa que utilizó freón, un gas refrigerante prohibido por su potente efecto invernadero. Debió pagar una compensación.
El año pasado, una corte determinó que una empresa de generación eléctrica incumplió sus obligaciones de sustitución de carbón, lo que viola las metas chinas de mitigación climática y los derechos ambientales de la población.
Más de 95% de los casos potenciales se resuelven antes de llegar al tribunal, y la mera amenaza de un litigio es un mecanismo efectivo para hacer cumplir las leyes.
Pero las oenegés son actores marginales que no pueden demandar al gobierno o funcionarios.
Pero sí pueden demandar a empresas privadas y estatales. En 2017, Friends of the Earth -una de las oenegés ambientalistas más antiguas de China- acusó a empresas estatales de excluir fuentes de energía eólica y solar a favor de fuentes contaminantes.
El caso fue resuelto en 2023 cuando la red estatal prometió invertir en aumentar las fuentes renovables.
Un abogado ambientalista de una oenegé admite que los fiscales estatales tienen más poder, pero que otros actores aún tienen un papel importante.
Según el abogado, quien pidió mantener el anonimato para evitar afectar a su organización, los fiscales a veces “consideran intereses y presiones económicos locales, así que evitan demandar”.
Las oenegés tienen más libertad, “así que podemos presentar los casos”.
El nuevo Código Ecológico y Ambiental de China, que deberá entrar en vigor en 2026, y una ley climática con más de una década en proceso de formulación, podrían abrir el camino para presentar casos más ambiciosos, adelantó Jiang.
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