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La localidad cordobesa de La Playosa quedó conmocionada tras la muerte de un cachorro de puma, víctima de un ataque registrado y difundido en redes sociales. Orlando Gauna, de 18 años, golpeó al animal hasta provocarle la muerte, mientras grababa cada detalle de la agresión. Las imágenes despertaron indignación, pero la sentencia dictada por la Justicia fue mínima: un año de prisión condicional, junto con la obligación de terminar el secundario y realizar una capacitación en fauna silvestre.
El fallo se conoció el 13 de octubre, menos de veinte días después del inicio del proceso, a través de un juicio abreviado que permitió cerrar rápidamente la causa. La jueza María Soledad Dottori, del Juzgado de Control de Villa María, ordenó además que el joven reciba formación en temas ambientales, recomendando para ello egresados de la Licenciatura en Veterinaria o de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María.
La investigación comenzó el 22 de septiembre, luego de que las imágenes del ataque se viralizaran en redes sociales. En un procedimiento rural cercano a La Playosa, las autoridades secuestraron el garrote utilizado y el teléfono con el que se registró la agresión, y hallaron el cuerpo del cachorro. Gauna fue detenido por infracción a la Ley 22.421 y durante la indagatoria admitió su participación, solicitando resolver el caso mediante juicio abreviado.
Según la sentencia, las medidas adoptadas se ajustan a los compromisos asumidos por el Estado nacional y provincial en materia ambiental y de protección animal. Sin embargo, la decisión reavivó el debate sobre la proporcionalidad de las penas por maltrato animal. La combinación de registro audiovisual de la agresión y pena en suspenso volvió a poner en discusión pública la eficacia del sistema judicial para prevenir la crueldad hacia los animales y la baja escala penal prevista para estos casos.
El hecho se produce en paralelo a la discusión de la Ley Conan en el Congreso nacional, un proyecto que busca endurecer las sanciones por maltrato y crueldad animal y que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei.
La iniciativa propone modificar la Ley 14.346, vigente desde hace 70 años, elevando las penas de 15 días a un año de arresto a entre seis meses y cinco años de prisión efectiva, e incorporando multas de entre cinco y 30 salarios mínimos, vitales y móviles. También tipifica conductas específicas como abandono, uso de animales en rituales, actos sexuales con animales y crueldad extrema.
La Ley Conan se suma a otros proyectos como el de “sintientes”, presentado en 2024 por la actriz y activista Liz Solari, que propone declarar a los animales como seres sintientes en el Código Civil y Comercial. Mientras la iniciativa de Solari se concentra en los derechos civiles de los animales, la Ley Conan busca actualizar el Código Penal. Ambos proyectos reflejan una demanda social creciente: endurecer las penas y actualizar un marco normativo que muchos consideran obsoleto frente a la gravedad de los hechos de maltrato animal.
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