Jueces en alerta por los artículos que cuestionan a la Justicia Laboral

El proyecto de reforma laboral que el presidente Javier Milei envió al Senado abrió un nuevo frente de conflicto antes de iniciar su tratamiento Congreso. A la oposición esperable del sindicalismo y de los bloques peronistas y de izquierda se sumó un rechazo explícito de la principal asociación de jueces, que cuestionó dos artículos vinculados al funcionamiento y eventual disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

La iniciativa, compuesta por 196 artículos, ingresó formalmente a la Cámara alta y desde el lunes comenzará a ser analizada en comisión, con la expectativa del Gobierno de lograr una media sanción antes de fin de año. Sin embargo, la inclusión de los artículos 90 y 91 generó preocupación en el ámbito judicial y sumó un actor más a una negociación ya compleja.

Los puntos objetados refieren, por un lado, a la obligación de los jueces laborales de adecuar sus fallos a los precedentes de la Corte Suprema, estableciendo que el apartamiento infundado de esos criterios podría constituir una causal de mal desempeño. Por otro, a la vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo, que se mantendría hasta concretarse un acuerdo de traspaso de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras lo cual se avanzaría en su “progresiva disolución”.

“Inadmisible”

Este último aspecto motivó el rechazo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que emitió un comunicado en el que calificó como “inadmisible” la redacción de los artículos cuestionados y advirtió que implican un avance sobre la independencia judicial. La entidad, presidida por el juez Andrés Fabián Basso, expresó que se mantiene en “estado de alerta permanente” mientras evalúa las acciones a seguir y refuerza el diálogo interno entre sus miembros.

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el objetivo de esos artículos es acelerar el proceso de transferencia de la Justicia Laboral a la órbita porteña y poner fin a lo que consideran fallos discrecionales que afectan la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. En la Casa Rosada citan como ejemplo resoluciones con indemnizaciones millonarias que, a su criterio, desalientan la actividad económica.

El debate se inscribe en un proceso más amplio que la Ciudad de Buenos Aires impulsa desde hace tiempo para asumir plenamente las competencias judiciales aún en manos de la Nación.

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Ese camino no estuvo exento de conflictos: la propia Justicia Nacional había ordenado frenar avances previos en la transferencia. Con la reforma laboral, el oficialismo apuesta a que el Congreso respalde por ley ese traspaso.

No obstante, en el Ejecutivo reconocen el riesgo de que el capítulo laboral vuelva a enfrentar objeciones judiciales, como ocurrió con disposiciones de la Ley Bases. En ese contexto, el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados fue leído con preocupación ante la posibilidad de futuros planteos de inconstitucionalidad.

En paralelo, el Gobierno porteño celebró la inclusión de los artículos cuestionados. Fuentes de la administración de Jorge Macri consideraron “auspicioso” el respaldo al proceso de transferencia y remarcaron que responde al mandato constitucional de consolidar la autonomía de la Ciudad. Recordaron además que ya se puso en marcha un fuero laboral local, se sancionó un nuevo Código de Procedimientos y avanzan los concursos para cubrir cargos de jueces, camaristas y fiscales.

Mientras tanto, el destino de la reforma laboral quedará en manos del Congreso. Para avanzar, La Libertad Avanza deberá reunir apoyos más allá de su propio bloque: al menos 15 senadores adicionales y unos 25 diputados sobre el núcleo de legisladores que hoy acompañan al oficialismo. En ese escenario, la reacción de la Justicia anticipa un debate que promete ser uno de los más sensibles del tramo final del año legislativo.