Más de 50% de las pymes, con juicios laborales

La crisis en las pequeñas y medianas se ve exacerbada por una serie de factores económicos, pero también por una elevada litigiosidad laboral, conocida a menudo como la “industria del juicio”.

Las pymes suelen ser el eslabón más frágil de la cadena de producción. Calculan que más del 50 por ciento de estas empresas en todo el país enfrentan litigios laborales, con costos que en muchos casos amenazan la continuidad de la actividad. Se estima, además que los juicios laborales pueden poner en riesgo millones de puestos de trabajo .

El aumento de las demandas se atribuye a factores como la aplicación de multas e intereses elevados y la actualización judicial de los montos indemnizatorios, que en algunos casos pueden multiplicar, o más, el monto original reclamado. Fallos recientes han incrementado los valores de las indemnizaciones en cifras exhorbitantes.

Muchas son empresas familiares y la magnitud de las demandas genera un temor que afecta la toma de decisiones, como la contratación de nuevos empleados. Pero en algunas pymes piensan en el cierre de persianas por no poder afrontar semejante pago.

UN CASO EMBLEMÁTICO

El caso de la empresa láctea Mayol, ubicada en Gobernador Udaondo (Cañuelas), es un ejemplo notorio de conflicto entre una pyme familiar y un sindicato, con denuncias de aprietes y bloqueos, que derivaron en inéditos juicios laborables.

A principios de marzo de 2021 , la planta de Lácteos Mayol fue bloqueada por miembros de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) .El reclamo principal era por la recategorización e incorporación al gremio de un grupo de trabajadores.

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El bloqueo impidió el normal funcionamiento de la planta durante días, obligando a la empresa a desechar miles de litros de leche (se mencionan unos 45.000) y provocando un grave impacto económico.

Lácteos Mayol llevó el caso a la justicia. Se presentaron denuncias por coacciones y amenazas. Recientemente, se ha avanzado en el proceso judicial. Se ha solicitado (o elevado) a juicio oral la causa contra algunos operarios y, en particular, contra un jefe sindical de la seccional Cañuelas de ATILRA, por el delito de coacciones agravadas durante el bloqueo a la pyme. Si bien la defensa sindical sostiene que la medida de fuerza estaba justificada y que se apelará la resolución, el caso es un hito en la denuncia de este tipo de prácticas contra las pequeñas empresas.

Su dueña, Paulina Mayol, explicó en el canal La Nación+: “La causa penal se abrió también contra 4 empleados que, si bien en forma pasiva, participaron de la violenta protesta. Fueron imputados y por eso se decidió despedirlos con causa justificada. Pero ahora son ellos que le hacen juicio a la empresa con base desde 20 millones de pesos. Cada tribunal laboral tiene su criterio, mientras que las multas e intereses atacan una estructura fabril muy chiquita como la nuestra y pone en peligro la continuidad”.