Bahía Blanca: el nuevo sistema penal federal se posterga hasta septiembre

Por los severos daños que provocó la inundación del 7 de marzo en sedes judiciales de Bahía Blanca, el Ministerio de Justicia de la Nación decidió postergar la puesta en marcha del sistema acusatorio federal hasta el 29 de septiembre. La medida fue oficializada a través de una resolución firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.

El nuevo modelo procesal, que transfiere la dirección de las investigaciones penales de los jueces a los fiscales, debía comenzar a aplicarse este lunes en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones local. Sin embargo, las consecuencias del temporal alteraron el cronograma previsto.

A fines de marzo, el agua provocó destrozos en los juzgados federales Nº 1 y 2 y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF). También quedaron postergadas las adecuaciones necesarias para el funcionamiento del nuevo sistema, como el traspaso de personal a las fiscalías y la creación de una oficina judicial para gestionar audiencias orales.

El sistema acusatorio adversarial busca agilizar las investigaciones de delitos complejos —como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos—, reforzar la oralidad de los juicios y avanzar en la incorporación de jurados. “En virtud del crítico escenario actual, este ministerio solicitó a los organismos intervinientes en la implementación del CPPF un informe acerca del estado de las dependencias ubicadas en la ciudad de Bahía Blanca y localidades cercanas”, señala el documento oficial.

El informe remitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca al Consejo de la Magistratura detalla que el ingreso de lodo, barro y agua servida en los subsuelos provocó daños en tableros eléctricos, bombas y documentación alojada en archivos judiciales. Las plantas bajas también sufrieron pérdidas de mobiliario y equipamiento.

La Procuración General de la Nación informó que una sede del Ministerio Público Fiscal en la ciudad quedó “inhabitable” por daños estructurales, falta de suministro eléctrico e ingreso de barro y residuos cloacales. Las capacitaciones sobre el nuevo sistema también debieron suspenderse. Por su parte, la Defensoría General de la Nación reportó pérdidas casi totales en dos de sus tres dependencias. El personal judicial y sus familias también fueron afectadas en sus viviendas particulares.

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“En consideración a este contexto resulta necesario posponer, de manera excepcional y extraordinaria, la fecha establecida para la entrada en vigencia del CPPF”, concluye la resolución. El nuevo sistema, que ya rige en siete jurisdicciones federales, se implementará progresivamente en todo el país durante 2025.