El recorte en las pensiones por discapacidad ya golpea a Ramallo: al menos un centenar de vecinos fueron dados de baja, según confirmó la directora municipal del Área de Discapacidad, Natalia González.
La funcionaria explicó que el problema comenzó a hacerse visible en julio, cuando beneficiarios descubrieron en el banco que no tenían depositado el cobro mensual. “Desde el mes de febrero venimos trabajando con este tema, recibiendo reclamos por la quita de derechos a las personas con discapacidad. Las auditorías se hicieron con mucha arbitrariedad, sin generar la información suficiente. Hubo vecinos que nunca recibieron la notificación”, señaló González.
El 5 de julio se realizó una auditoría en San Nicolás para toda la región, aunque varios ramallenses nunca fueron convocados. “Nosotros estuvimos presentes ese día, acompañando a quienes pudieron asistir. Trasladamos a las personas, armamos carpetas con certificados de discapacidad, estudios médicos y toda la documentación que exigían. Aun así, en Ramallo tuvimos alrededor de 100 bajas, pese a que la mayoría contaba con todo en regla”, agregó.
González cuestionó la política nacional y aseguró que el criterio fue recortista: “La idea del gobierno nacional siempre fue dar de baja las pensiones, con cualquier excusa, para que la gente dejara de percibir el beneficio e incluso no asistiera a las auditorías”.
La situación impacta de lleno en familias vulnerables, muchas de las cuales dependen de esa pensión como único ingreso. Desde el municipio se canalizan reclamos y se brinda acompañamiento, aunque la funcionaria admitió que la magnitud del problema excede la capacidad local.
En paralelo, González participó en la última reunión del Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), en La Plata, donde los 135 distritos analizaron cómo frenar la ola de bajas. “Estuvimos los 135 distritos, junto a organismos y legisladores que están trabajando desde la provincia para frenar estos avasallamientos. A través del gobierno provincial se están realizando relevamientos y acompañamientos para que se restituyan las pensiones, que se dejen de hacer auditorías masivas y que se garantice la asistencia desde el sistema de salud”, explicó.
La funcionaria subrayó que el gobernador manifestó la decisión de sostener las políticas de apoyo desde la provincia y los municipios. “Se trata de un derecho básico. No estamos hablando de un privilegio, sino de la posibilidad de vivir con dignidad”, concluyó.
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