YPF: la jueza convocó a una audiencia “urgente”

El Estado argentino apeló el fallo que lo obliga a entregar su 51% de participación en la petrolera YPF, en el marco de la causa iniciada por dos fondos especulativos contra la expropiación de la compañía.

Inmediatamente después de conocerse la apelación, Loretta Preska -Jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York- convocó a las partes para el próximo martes a una “negociación”, según indicó el especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, a tavés de sus redes sociales.

En la comunicación extendida por la Procuración del Tesoro argentino advierten que, en caso de que la Cámara de Apelaciones no suspendiera la orden de transferencia de las acciones antes del 14 de julio (próximo lunes), podría recurrirse a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La estrategia supone muchísima celeridad para el plazo inmediato. Es que el plazo original fijado por Preska para entregar las acciones era de 14 días. Ese plazo se vence el próximo lunes.

Los fondos buitre cuestionan la expropiación aplicada en el 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y lograron que la jueza Loretta Preska dicte un fallo en primera instancia que obligaría a la Argentina a pagar U$S16.100 millones.

El Gobierno ya avisó que no podría entregar YPF aunque quisiera, porque esa operación tiene que pasar por el Congreso por ley.

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El fallo fue emitido el 30 de junio último, y le dio un plazo de dos semanas a la Argentina para cumplir con la cesión de las acciones de YPF.

Preska dispuso que se le ordene a la Argentina “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Horas después, la magistrada norteamericana convocó al país y a los beneficiarios del fallo a una reunión en su corte, con el objetivo de destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, el cual indica que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”.

Esto, conocido comúnmente como “alter ego”, se refiere a la solicitud de información de funcionarios del Gobierno actual y anterior, con el objetivo de probar que hubo injerencia política en las decisiones de la empresa.

Si se confirmara la intromisión del Gobierno dentro de la petrolera, como esperan los fondos especulativos, jurídicamente el Estado e YPF serían “la misma entidad”.

Los demandantes quieren demostrar que el Estado argentino no solo es dueño de YPF, sino también de Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y el BCRA (Banco Central), lo que podría terminar disparando más embargos.