El Poder Ejecutivo presentó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal específicamente, en Comodoro Py, por una presunta operación de inteligencia ilegal destinada a grabar y difundir conversaciones privadas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El portavoz Manuel Adorni fue enfático: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
El Gobierno apuntó a varias figuras como posibles responsables de la maniobra al periodista Jorge Rial; a Pablo Toviggino, histórico dirigente de la AFA y señalado como propietario del streaming Carnaval; Mauro Federico, conductor del mencionado ciclo y a Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano. Este último está vinculado presuntamente a redes de inteligencia, donde se investiga una presunta red de espionaje rusa, denominada “La Compañía”, acusada de generar contenido desinformativo influenciado desde el exterior.
Paralelamente, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, concedió una medida cautelar que ordena el cese inmediato de la difusión de audios grabados en la Casa Rosada atribuibles a Karina Milei. La resolución instruye al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a notificarlo a medios, plataformas digitales y redes sociales.
El magistrado dejó claro que la medida es puntual y excepcional, no pretende limitar la libertad de expresión ni instaurar un régimen de censura previa. La denuncia se inscribe en un clima de alta tensión política, en plena campaña por las elecciones legislativas de octubre.
El Gobierno sostiene que los audios responden a una operación de desinformación con influencia extranjera, diseñada para desestabilizar al Ejecutivo e incidir en el proceso electoral. Anteriormente, otro escándalo había estallado con la filtración de un audio del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se mencionaban supuestas coimas relacionadas con figuras del entorno presidencial.
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