Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires publicó un documento titulado “Preocupante situación de las jubiladas y los jubilados judiciales”, en el cual expresa profunda preocupación por el estado actual de los haberes jubilatorios del sector. El mismo fue firmado por su presidenta, María José Lescano, y el secretario, Julio Andrés Grassi.

Desde su fundación hace 25 años, la Red ha reivindicado la independencia del Poder Judicial como pilar del Estado de derecho. Este énfasis institucional se refleja en su postura sobre los regímenes previsionales, donde defiende que no existen “privilegios”, conceptualmente porque los aportes jubilatorios que hace cada juez al Instituto de Previsión Social (IPS) son -en cantidad y porcentaje- superiores a los de otros trabajadores estatales.

Movilidad jubilatoria afectada

En el documento, la Red reitera observaciones previas sobre el deterioro del salario jubilatorio, aun tras décadas de servicio judicial. Critica que la Acordada Nº 4.093 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), emitida el 19 de diciembre de 2022, introdujo cambios que afectan la movilidad jubilatoria establecida por el artículo 7 del decreto-ley 7.918, que hasta ese momento garantizaba la actualización de haberes según modificaciones en la remuneración de los cargos activos.

A pesar de que se esperaban reformas reglamentarias por parte de la SCJ para evitar la afectación de derechos adquiridos, la Red sostiene que no se efectuaron los cambios requeridos. Al contrario, la situación se profundizó con la publicación de la Acordada Nº 4.191 el 20 de junio de 2025, que intensificó las directrices impugnadas.

Además, se menciona que centenares de jubilados judiciales ya iniciaron acciones en el fuero contencioso administrativo, sin obtener aun sentencias definitivas que resguardaran sus derechos.

Este nuevo documento de la Red de Jueces Penales Bonaerenses expone un conflicto complejo que trasciende lo retributivo y toca la base misma de la justicia y el estado constitucional. Al reivindicar la independencia judicial, subrayan que los magistrados no deben cargar con la incertidumbre económica durante su retiro, luego de años de servicio ininterrumpido.

El eje central del reclamo: la garantía de movilidad jubilatoria, consagrada por decreto-ley y respaldada por aportes proporcionalmente mayores, está siendo debilitada por normas que avanzan sobre ese derecho. Y aunque los planteos judiciales existen, la demora en resoluciones deja a muchos jubilados en una situación vulnerable.