La esposa de Sánchez, más cerca de ir a juicio

La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, quedó más cerca de ser enjuiciada luego de que ayer el juez que la investiga por malversación de fondos concluyera sus pesquisas y solicitara enviarla ante un jurado popular.

Esta decisión no es todavía definitiva porque es susceptible de ser recurrida.

El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó para Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.

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Gómez, la funcionaria Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del Gobierno en Madrid, todos sospechosos de malversación, fueron citados por el juez Peinado este sábado en la tarde para comunicarles su decisión.

Esta noticia sucede además un día después de que un tribunal desestimara el último recurso de David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, quien quedó a un paso de ser juzgado por tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública en el suroeste de España.

“La verdad acabará imponiéndose. Y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes”, declaró Pedro Sánchez ayer durante una rueda de prensa en Nueva York, adonde viajó para la Asamblea General de la ONU.

Además de estos casos, el mandatario se ha visto debilitado por otras causas judiciales, una que involucra a dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su exministro de Transportes José Luis Ábalos, sospechosos de cobrar mordidas a cambio de obras públicas, y otra contra el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.

Según el auto del juez Peinado, existe “verosimilitud de los hechos” de los que se acusa a Begoña Gómez, por lo que “podríamos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos”. El magistrado destacó que “la amistad personal previa” de Gómez con Álvarez sería “la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza (...) lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados”. Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a “juicio ante el Tribunal Del Jurado”, es decir, ante un jurado popular.

Al comparecer ante el juez el 10 de septiembre, Gómez negó tajantemente haber incurrido en malversación, afirmando que de forma “puntual” pidió a Álvarez “enviar algún mensaje”, pero insistió en que esta última “nunca” la ayudó en sus actividades profesionales