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De nuevo, un caso policial sume a toda la sociedad y la política en un debate que trasciende el marco jurídico. La única certeza: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas por una banda de poca monta, pero muy sádica. Opinan un perito forense y un ex jefe policial que años atrás se infiltró en un grupo narco
Rafael Herrera Milano. Es Psiquiatra forense y puso la lupa en las fallas de la Ley de Salud Mental
Alejandra Castillo
acastillo@eldia.com
Un domingo de hace casi 20 años, una banda de sicarios abrió fuego contra cientos de fieles que participaban de una procesión del Señor de los Milagros (muy popular en la colectividad peruana) por la avenida Bonorino, dentro de la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Querían matar al capo narco Marco Antonio Estada González, pero terminaron asesinando a cinco personas inocentes. Entre ellas, un bebé (ver aparte).
El 13 de agosto de 2008, los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina aparecieron tirados en un zanjón de General Rodríguez, con signos de haber sido torturados durante horas y asesinado a tiros. Los cadáveres habían sido mantenidos en un freezer hasta ser descartados. El triple crimen rozó a la política, el tráfico ilegal de efedrina y los negocios develados en la causa por la mafia de los medicamentos. Y aunque la Justicia de Mercedes condenó a perpetua a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci, la autoría intelectual de este caso nunca se probó más allá de las sospechas. La causa prescribió hace dos años.
La historia criminal argentina está tapizada de masacres ligadas con la mafia narco, aunque sus ejecutores siempre parecen guardar un resto de sadismo para no defraudar a la sorpresa y al espanto. Es lo que pasa ahora con el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), asesinadas en Varela tras una sesión de torturas transmitida por una red social, según confirmó el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.
Por el caso están detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (27) -ya alojados en el penal de Melchor Romero- y se sumó en las últimas horas Lázaro Víctor Sotacuro, presunto conductor de la camioneta en la que trasladaron a las víctimas (ver la sección Policiales).
Todo hace suponer que las chicas fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del Conurbano.
La Justicia busca dar con el sindicado jefe narco que habría ordenado la masacre por un supuesto robo de dinero y droga. Se habla de entre 60 mil y 70 mil dólares y alrededor de un kilo de cocaína. Se dice que dijo “esto les pasa a los que me roban”. Versiones.
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Lo que sí está confirmado oficialmente es que se llama Tony Janzen Valverde Victoriano, tiene 20 años y es de nacionalidad peruana. Su apodo: “Pequeño J”.
¿Estaba en el radar antes de la masacre? Las fuentes tampoco se ponen de acuerdo en esto. Sí en aclarar que el grado extremo de violencia de los crímenes no expone a sus responsables como integrantes de una poderosa banda de crimen transnacional. Todo lo contrario.
Hablan de narcomenudeo y de transas tan jóvenes como salvajes, resueltos a todo para ganar territorio, imponerse a los rivales y convencer a los peones de que robarles o traicionarlos no es buena idea.
En impresionantes operativos, la policía buscó a Pequeño J en la villa 21-24 de Barracas y también en Florencio Varela e Isidro Casanova, pero no lo encontró. Está en la mira, además, su supuesto ladero, un argentino de 28 años identificado como Mauricio Ozorio.
Salvador Baratta fue subjefe de la policía bonaerense y está convencido de que este hecho no es sólo la crónica de “otra masacre anunciada”, sino también de “la desidia de la política, porque se ve el crecimiento del narcotráfico desde hace años y todos se hacen los distraídos. No hay nadie que tome el toro por las astas y le dé un combate de verdad”.
A criterio de Baratta, “los problemas son los mismos de siempre, pero con la lógica de lo que se deja crecer” y el agravante de que “la política quiere solucionar un tema como el narcotráfico, nombrando a amigos para que cobren un sueldo”.
“No veo ningún gabinete integrado con gente que sepa lo que es enfrentarse a tiros con narcotraficantes. No piden la opinión de quienes hemos dejado colgajos de nuestro cuerpo en esta lucha”, lamenta.
Cuenta Baratta que muchos años atrás, cuando era jefe de una seccional en Remedios de Escalada, se infiltró en una banda narco que quiso “arreglar con la comisaría. Un juez federal de La Plata nos lo propuso, acepté y estuvimos ocho meses cobrando de la red”. Reconoce que aquel fue un tiempo complicado, porque “te volvés empleado suyo” y las exigencias no eran pocas: desviar patrullas, garantizar cobertura para cada nuevo “kiosquito” y hasta participar de un partido de fútbol con la banda. “Y guarda con decirle que no. Pero accedíamos porque la finalidad era meter a todos presos”, explica.
“Lo que necesita el país es que los políticos dejen de tirarse palitos unos a otros, que se junten, admitan que el enemigo en común es el narcotráfico y encaren una lucha de verdad con la gente que sabe, porque mientras discuten pavadas, los narcos compran voluntades”.
El ex subjefe de la Bonaerense está convencido de que el principal sospechoso de la masacre de Varela no es un criminal avezado: “Si lo fuera, no se hubiera cargado tres pibas por 70 mil dólares, en un caso mediático por el que ahora tiene a toda la policía sobre su cabeza. Hubiera buscado venganza en dos o tres años”.
“El narcotráfico nunca afloja, empata. Y si aprietan en la villa 1-11-14, se va a trasladar a otro lado. Es una mancha de aceite que, si no se corta de raíz, recrudece”, concluye.
Con vasta experiencia en causas penales, el psiquiatra forense y médico legista Rafael Herrera Milano observa que esta masacre, igual que tantos otros crímenes, exponen que “en la mente de estas personas hubo frialdad, que lo planificaron, seleccionaron y ejecutaron con un desprecio absoluto por la vida humana”.
Descartada la posibilidad de que los responsables hayan actuado bajo una alteración morbosa de sus facultades mentales, apunta el perito que “detrás de esto hubo un mensaje y transformaron el horror en una especie de espectáculo para esas 45 personas que estaban viendo, como si fuera una vidriera para decirles ‘esto es lo que le pasa a la gente que no está bajo mi ala’”.
Herrera Milano alude al universo de estas gavillas como un “inframundo”, con la particular característica de que “una acción de una persona para con otra desencadena de inmediato una reacción, sin que medie un filtro de frenos inhibitorios”. Habla, en definitiva, de “personalidades que ejecutan en todo el sentido de la palabra, cueste lo que cueste”.
Consultado sobre los mecanismos de muerte, destaca el profesional que “fueron terribles y, por los informes preliminares de autopsias, en secuencia: primero mataron a una, luego a otra y finalmente a la tercera”. No obstante, rescata desde su experiencia que este caso no es muy distinto a otros en los que intervino profesionalmente, porque “la violencia no es privativa de los narcos”. Y lo sabe bien. Trabajó como perito de parte en la causa contra Fernando Farre, el femicida que el 21 de agosto de 2015 mató de 74 puñaladas y degolló a su ex mujer en el country Martindale, de Pilar.
Más allá del morbo que genera esta historia, con los condimentos de prostitución, narcotráfico y degradación en más de un sentido, incluyendo el tironeo político en la previa de una elección legislativa, para Herrero Milano hay una problemática de fondo que no se está abordando a pesar de que es clave: “La desastrosa ley de salud mental promulgada hace una década y media, que deja a las personas con consumo problemático de sustancias sin lugar donde atenderse y expuestas a riesgos”.
“No es la foto. Es la película entera la que hay que ver”, remata.
Todas las novedades de la causa, en la sección Policiales.
Rafael Herrera Milano. Es Psiquiatra forense y puso la lupa en las fallas de la Ley de Salud Mental
Salvador Baratta. Fue segundo jefe de la Bonaerense y se infiltró durante 8 meses en una banda narco
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