Los resultados de las elecciones del domingo demostraron una vez más la existencia de un numeroso sector de la ciudadanía para el que la incondicionalidad con un líder o un partido es cosa del pasado.
Fue notable, en este caso, la escasa participación de los ciudadanos y ello deja planteada una situación casi crítica, porque para la vigencia y fortaleza de la democracia el involucramiento de las personas es vital y más aún debería serlo en el seno de los partidos cuando se eligen los candidatos. Esto último no debería ser obligatorio legalmente, pero es una exigencia moral de la República para lograr el buen funcionamiento de las instituciones, entre las cuales los partidos son un elemento esencial.
La amplia victoria del oficialismo provincial le genera mayores obligaciones y entre ellas la de recuperar lo que le corresponde a la Provincia por la recaudación del Estado Nacional al que tributan los bonaerenses.
Para eso no deben existir prejuicios ideológicos y tal vez sea conducente actuar coordinadamente con otras jurisdicciones, aunque sus gobernantes sean de distintos signos políticos.
Junto con la obtención de los imprescindibles fondos que requieren la salud, la educación y la seguridad de los bonaerenses es necesario que las autoridades actúen bajo el principio de la mayor austeridad, palabra que suena a pasado y que las designaciones de personal en todas las áreas se hagan por concurso, por concurso realmente.
Por lo demás, en un mundo donde las grandes potencias han abandonado la idea de aplicar dogmáticamente esquemas ideológicos, ya sea liberales o estatistas a ultranza, como lo han hecho China, que aceptó la propiedad privada de industrias hasta extranjeras y Estados Unidos, que evoluciona rápidamente entrometiéndose especialmente en industrias tecnológicas que considera como factor de la seguridad nacional.
Finalmente, cabe aludir a una cuestión fundamental: la designación de jueces. El oficialismo tendrá mayoría propia en el Senado, que resuelve la designación de magistrados a propuesta del Poder Ejecutivo y eso debe ser motivo de la mayor amplitud de criterio para nombrar magistrados probos, sin subordinación partidaria y una actitud públicamente reconocida de respeto por los valores y principios de la Constitución Nacional y de la Provincia.
De acuerdo con la forma en que se lleve a cabo esta función del Poder Ejecutivo compartida con el Senado podrá definirse el grado de compromiso de sus integrantes por el sistema democrático.
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