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La medida regirá desde el 21 de enero y restringe la admisión de extranjeros que podrían convertirse en “cargas públicas”. Brasil, Rusia, Colombia y Uruguay, en la lista
La medida, de carácter indefinido, entrará en vigor el 21 de enero / Web
Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una decisión que vuelve a tensar el debate sobre la política migratoria y el acceso al sistema de bienestar social.
La medida, comunicada por el Departamento de Estado, entrará en vigor el 21 de enero y se enmarca en una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para endurecer los criterios de admisión de extranjeros que podrían convertirse en “cargas públicas” para el Estado.
Entre los países afectados figuran naciones de distintas regiones del mundo, incluidos Rusia, Brasil, Irán, Colombia, Cuba, Haití, Nigeria y Uruguay, además de varios Estados de África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este.
Según el comunicado oficial, los funcionarios consulares fueron instruidos a detener el procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos países mientras se revisan los procedimientos de evaluación, con el fin de impedir el ingreso de personas que, a juicio de la administración, podrían depender de asistencia social o beneficios públicos en el futuro.
La suspensión no alcanza a las visas no inmigrantes, como las de turismo, estudio o negocios, que representan la mayoría de las solicitudes. De hecho, el propio Departamento de Estado anticipó que la demanda de este tipo de visas podría aumentar considerablemente en los próximos años debido a eventos internacionales de gran magnitud, como la Copa Mundial de fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, que Estados Unidos albergará o coorganizará.
Desde el gobierno, la decisión fue defendida como una forma de proteger los recursos públicos. “La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de quienes extraerían riqueza del pueblo estadounidense”, señaló el Departamento de Estado, al tiempo que subrayó que la pausa permitirá reevaluar los mecanismos de control migratorio para reforzar los criterios de autosuficiencia económica. Si bien la legislación federal ya exigía que quienes solicitan la residencia permanente demostraran que no serían una carga para el Estado, durante su primer mandato Trump amplió significativamente el concepto de “carga pública”, incorporando un mayor número de programas sociales cuyo uso podría descalificar a un solicitante.
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Las nuevas directrices profundizan ese enfoque y amplían el margen de evaluación de los funcionarios consulares.
Los inmigrantes que aspiran a ingresar a Estados Unidos deben someterse a exámenes médicos, demostrar que no padecen enfermedades contagiosas y cumplir con un calendario de vacunación. A esto se suma ahora un análisis más detallado de factores como la edad, la salud general, la situación familiar, los recursos financieros, el nivel educativo, las habilidades laborales, el dominio del idioma inglés y cualquier antecedente de uso de asistencia pública, incluso fuera de Estados Unidos.
En algunos casos, los oficiales pueden evaluar la competencia lingüística mediante entrevistas realizadas directamente en inglés. Especialistas en migración advirtieron que estas exigencias podrían restringir aún más el acceso a la residencia permanente en un contexto ya marcado por políticas más severas.
Según sostienen, la suspensión podría tener impactos significativos en la reunificación familiar y en los flujos migratorios provenientes de países con economías inestables o sistemas de protección social más frágiles.
La lista de países alcanzados por la medida incluye Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
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