El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó esta mañana que a través de su área de control y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue el que presentó una denuncia formal ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de La Plata luego de advertir una presunta maniobra de estafa vinculada a falsas promesas de ingreso laboral a la institución.
Ante la presunta comisión de delitos, el Ministerio mencionado instó la denuncia en sede judicial. Y tras las primeras verificaciones, se confirmó que la principal acusada no integra el SPB y la causa quedó radicada en la fiscalía a cargo del fiscal Martín Almirón a partir del viernes pasado.
La investigación se inició a partir de múltiples denuncias recibidas y actuaciones desarrolladas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata. La pesquisa apunta a un grupo de personas que habría ofrecido supuestos puestos de trabajo en el Servicio Penitenciario Bonaerense, mediante procedimientos y exigencias que simulaban instancias reales de selección.
De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, la principal imputada se presentaba como jefa dentro de la fuerza y convocaba a aspirantes a través de grupos de mensajería y contactos personales.
Bajo esa apariencia de autoridad, solicitaba abundante documentación sensible, entre ella copias de DNI, CUIL, certificados de nacimiento, títulos analíticos, constancias de domicilio y certificados de antecedentes penales. También requería la participación en reuniones virtuales, entrega de formularios y realización de actividades físicas obligatorias.
Parte de esos entrenamientos se desarrollaban en el Parque San Martín de la ciudad de La Plata, donde grupos de aspirantes concurrían con consignas de vestimenta y presentación personal específicas.
En actuaciones preventivas se dejó constancia de la presencia de personas realizando ejercicios, quienes manifestaron haber sido convocadas para una preparación vinculada a un supuesto ingreso al SPB previsto para el año 2026.
Según surge de testimonios, uno de los grupos utilizados para la convocatoria funcionaba bajo la denominación “Camaradas 2026” y llegó a reunir decenas de interesados. Allí se difundían instrucciones, cronogramas de entrenamiento y material de estudio. Algunos denunciantes indicaron además que se les mencionaba la existencia de “contactos políticos” que facilitarían el ingreso. En ciertos casos, también se investiga si se solicitaron sumas de dinero a quienes decidían desistir de la postulación, extremo que aún debe ser determinado.
En la causa figuran, además, otros tres hombres imputados que habrían participado con distintos roles, presentándose como instructores u oficiales. Durante los procedimientos judiciales se dispuso el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos que podrían contener información relevante para la pesquisa.
Las calificaciones legales preliminares incluyen presunta estafa, posible uso indebido de cargos públicos y usurpación de títulos y honores, sin perjuicio de su eventual modificación conforme avance la investigación.
Tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial recuerdan a la comunidad que todo ingreso a la fuerza se realiza exclusivamente por canales oficiales y verificables, y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se debe entregar dinero ante convocatorias de ingresos.
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