Amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares

Organizaciones ambientalistas presentaron en las últimas horas un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de La Pampa para suspender la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno y aprobada hace un mes en el Senado de la Nación.

La acción judicial cuenta con el respaldo de más de 850 mil personas de todo el país —una adhesión ciudadana calificada por como histórica por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina, las impulsoras de la medida.

Las organizaciones -que piden que continúe vigente la Ley 26.639 de 2010 hasta que se resuelva el fondo del asunto- argumentan que la reforma es inconstitucional porque viola el piso mínimo de protección ambiental que el Congreso debe garantizar conforme a la Constitución.

Sostienen además que la reforma contradice compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú y el acuerdo comercial con la Unión Europea, que prohíbe reducir estándares para atraer inversiones extranjeras.

El principal cuestionamiento apunta a que la nueva ley permite que las provincias decidan qué áreas tienen valor hídrico relevante y modifiquen el inventario elaborado por científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, sin necesidad de respaldo técnico.

Para las organizaciones, esto habilita emprendimientos extractivos en zonas glaciares y periglaciares que antes estaban protegidas, con riesgos irreversibles para las reservas de agua dulce que abastecen de forma directa a más de siete millones de argentinos y sostienen actividades productivas en varias provincias.

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La demanda también denuncia irregularidades en el proceso legislativo. Más de cien mil personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados no pudieron participar, en violación del Acuerdo de Escazú.

Según las organizaciones, el reglamento de la audiencia fue modificado una vez abierta la inscripción y con criterios considerados arbitrarios. El tribunal federal de La Pampa fue elegido porque esa provincia recibe agua de cuencas que nacen en San Juan y Mendoza, donde proyectos mineros se disputan áreas glaciares y periglaciares.

“Es un hito de participación ciudadana: más de 850 mil personas de todo el país se han unido en esta defensa histórica de los glaciares”, destacaron desde Greenpeace.