Planes sociales: se suman cada vez más beneficiarios

La Argentina de 2026 ofrece una escena que desarma buena parte de los discursos políticos de los últimos años. El gobierno de Javier Milei llegó al poder con la promesa de terminar con los planes sociales, pero a dos años y medio de gestión los datos muestran exactamente lo contrario: la red de asistencia directa no solo se mantuvo, sino que habría alcanzado niveles récord tanto en cobertura como en poder adquisitivo en sus principales componentes.

A comienzos de 2026, las principales transferencias —Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y complementos— se ubican en un rango de entre 6 y 6,8 millones de prestaciones activas, según reportes coincidentes de distintas fuentes periodísticas y la propia Anses. Esta cifra representaría el nivel más alto desde la creación del sistema moderno de asistencia social en la Argentina.

El núcleo del sistema sigue concentrado en la AUH, administrada por la Anses, que alcanzó entre 4,11 y 4,12 millones de titulares hacia fines de 2025, incluyendo aproximadamente 93 mil beneficiarios por discapacidad. A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que cubre a unas 2,54 millones de familias y más de 4,5 millones de niños, consolidando una red de contención de alcance masivo, de acuerdo a datos del Ministerio de Capital Humano.

El crecimiento no es únicamente nominal. Según análisis de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron de manera consistente por encima de la inflación durante los primeros dos años del gobierno libertario. En ese período, la AUH registró aumentos reales cercanos al 100% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, además de ubicarse 23% por encima del nivel del final del gobierno de Alberto Fernández y 10% por encima del de Cristina Fernández de Kirchner.

EL BLINDAJE SOCIAL

Este comportamiento contrasta con la evolución del resto de los ingresos. En el mismo período, el salario mínimo, las jubilaciones y el empleo formal sufrieron un deterioro sostenido en términos reales. Estimaciones coincidentes señalan que se perdieron alrededor de 180.000 empleos formales en los primeros dos años de gestión, mientras que los haberes previsionales registraron caídas frente a la inflación (fuentes: informes laborales, consultoras privadas).

Los valores actuales de las prestaciones refuerzan esta dinámica. En 2026, la AUH se ubica aproximadamente entre $113.000 y $141.000 por hijo, dependiendo de retenciones y actualizaciones, mientras que la Tarjeta Alimentar se mantiene en $52.250 para un hijo desde 2024, con ajustes parciales posteriores (fuente: Ámbito, datos oficiales). Aunque estos montos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total, sí permiten sostener el umbral alimentario.

LE PUEDE INTERESAR

Crisis en los hospitales de la UBA: condicionan la atención sanitaria

LE PUEDE INTERESAR

El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol

A nivel de diseño institucional, es cierto que el gobierno avanzó además en la desintermediación de la política social. Programas como Potenciar Trabajo fueron reformulados o desarticulados en su formato previo, reduciendo el rol de organizaciones sociales y priorizando las transferencias automáticas y directas a los beneficiarios, conforme relevaron portales especializados.

DE LA CRISIS DEL 2001 A LA MASIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA

La evolución del sistema de planes sociales en Argentina no puede entenderse sin remontarse a la crisis de 2001. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, los programas eran aún limitados y focalizados, con cifras estimadas en torno a 140.000 beneficiarios hacia fines de los años noventa, de acuerdo a fuentes de la época.

El colapso económico llevó a una expansión sin precedentes bajo Eduardo Duhalde. El Plan Jefes y Jefas de Hogar alcanzó aproximadamente 2 millones de beneficiarios en 2002, constituyendo la primera política de asistencia masiva del país, según datos históricos.

Con la recuperación económica, Néstor Kirchner redujo gradualmente esa cifra hasta alrededor de 700.000 beneficiarios hacia 2007, en paralelo con el crecimiento del empleo formal, en base a reconstrucciones estadísticas y estudios históricos.

El siguiente punto de inflexión se produjo con la creación de la AUH en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este programa alcanzó a millones de niños desde su inicio y redefinió la política social al establecer una transferencia directa sin contraprestación laboral, consolidando un modelo que se mantendría en las décadas siguientes, según acreditan fuentes como la ANSES.

EXPANSIÓN RECIENTE: DE MACRI A LA PANDEMIA

Durante la gestión de Mauricio Macri, la asistencia social volvió a expandirse. Los programas de empleo y transferencias alcanzaron entre 780.000 y 1,5 millones de beneficiarios, según distintas metodologías de medición, concerniente a informes de la Fundación del Plata y medios de comunicación de dicados a relevar la temática.

El verdadero salto se produjo durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando la pandemia impulsó una expansión masiva del sistema. Programas como el IFE, la ampliación de la AUH y la Tarjeta Alimentar llevaron la cobertura a cerca de 4 millones de beneficiarios, marcando un nuevo piso estructural para la política social (fuentes: datos oficiales, Mosca).

Sin embargo, hacia el final de ese período, el poder adquisitivo de la AUH había caído a su punto más bajo producto de la inflación, lo que preparó el terreno para la posterior recomposición bajo el gobierno siguiente (fuente: FDHI).

Con Milei, la tendencia no se revirtió sino que se profundizó. El sistema alcanzó su máximo histórico en cobertura (más de 6 millones) y registró una mejora significativa en términos reales, consolidando la asistencia como eje central de la estabilidad social (fuentes: ANSES y medios).

UN CAMBIO DE MODELO SIN RUPTURA ESTRUCTURAL

Más allá del discurso, la evidencia muestra una continuidad estructural en la política social argentina. Desde 2002 hasta la actualidad, la cantidad de beneficiarios creció de manera sostenida, con saltos en momentos de crisis como la posconvertibilidad y la pandemia.

La diferencia del período actual radica en la combinación de variables: por un lado, un ajuste económico profundo que afecta salarios, empleo y jubilaciones; por otro, un fortalecimiento selectivo de las transferencias directas. Esta dualidad redefine el rol del Estado, que reduce su presencia en algunas áreas pero la refuerza en otras.

El concepto de “latinoamericanización”, presente en distintos análisis, alude precisamente a esta transformación: una sociedad donde una porción creciente de la población depende de transferencias estatales para sostener niveles básicos de consumo. En Argentina, esa tendencia se consolidó en los últimos años.

Los datos de 2026, aunque parciales, confirman que la trayectoria se mantiene. Lejos de desaparecer, los planes sociales se consolidaron como un componente estructural del sistema económico y político. La paradoja es evidente: el gobierno que prometió eliminarlos terminó administrando el mayor esquema de asistencia directa de la historia argentina.

EL LÍMITE DEL MODELO Y LA PREGUNTA ABIERTA

El crecimiento de la asistencia social no implica necesariamente una mejora estructural en las condiciones de vida. Aunque la AUH y la Tarjeta Alimentar lograron sostener el consumo básico, no alcanzan para sacar a los hogares de la pobreza. Su impacto se concentra principalmente en la reducción de la indigencia.

En paralelo, la pérdida de empleo formal y el deterioro del salario generan un escenario de fragilidad que la asistencia no logra compensar plenamente. La política social funciona como un piso, pero no como un motor de movilidad ascendente.

La historia reciente muestra que todos los gobiernos, independientemente de su orientación ideológica, expandieron o reformularon los planes sociales. Desde Duhalde hasta Milei, el sistema creció en cobertura y complejidad, reflejando las dificultades persistentes del mercado laboral argentino.

En ese marco, el dato más relevante no es solo el récord de beneficiarios, sino lo que revela sobre la estructura económica del país. Más de seis millones de prestaciones no hablan únicamente de una política social eficaz, sino de una economía que, desde hace décadas, no logra integrar plenamente a una parte significativa de su población al empleo formal.