Escuelas privadas, ¿un reparto equitativo?

La provincia de Buenos Aires habrá destinado, al cabo de este año, aproximadamente 3.000 millones de pesos a la educación de gestión privada, a través de subsidios a los salarios docentes. La distribución de estos recursos ha sido históricamente opaca y discrecional. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) publicó el primer estudio que se conozca sobre cómo se reparten los aportes estatales a la educación de gestión privada, gracias al acceso a los datos que ofreció la Dirección General de Educación.

Sobre la base de información detallada de las escuelas, pudimos constatar que la distribución de los aportes beneficia más a las escuelas donde asisten alumnos más pobres. Pero existen importantes excepciones: un 16% de las escuelas privadas que atiende al tercio más rico de la población recibe más del 75% de aportes estatales, mientras que existen muchas escuelas privadas en sectores populares con muy bajos o nulos subsidios.

El estudio también destaca que la distribución de los aportes beneficia a las escuelas religiosas: un 98% de las escuelas confesionales recibe aportes estatales, mientras el 75% de las escuelas laicas se encuentra en esa misma situación. Algo similar ocurre con la localización geográfica: mientras el 80% de las escuelas privadas del interior bonaerense recibe subsidios, la cifra se reduce al 55% de las ubicadas en el conurbano.

UN CAMBIO NECESARIO

El estudio demuestra la necesidad de reformular el sistema de aportes estatales a la educación de gestión privada, en el marco de una discusión de política educativa que las autoridades de la Provincia han iniciado recientemente.

Las propuestas concretas que surgen del estudio abarcan: eliminar el fin de lucro de las escuelas que reciban subsidios estatales, afianzar la distribución de aportes a las escuelas privadas con alumnos de menor nivel socioeconómico, fomentar la creación de un sector de educación de gestión social con aportes que garanticen la gratuidad en contextos marginales y crear mecanismos más rigurosos, basados en información objetiva y transparentes de otorgamiento de los aportes. Además, es necesario revisar periódicamente los aportes en base a esa misma información objetiva, y hacer pública, en una página web oficial, toda la información acerca de las escuelas que reciben subsidios, cuotas que cobran y criterios por los cuales fueron otorgados los aportes.

Como toda política pública, los subsidios a las escuelas de gestión privada deben ser transparentes y justamente distribuidos. En definitiva, se trata de una herramienta que debería potenciar el derecho a la educación de los alumnos, no de los propietarios de las escuelas. Esto se logrará si se destinan a escuelas que fomentan la integración social, que trabajan con proyectos inclusivos, que tienen propuestas pedagógicas sólidas e innovadoras, que garantizan la participación democrática de la comunidad, que no buscan el lucro con la educación, que tienen vocación social y perspectiva de largo plazo.

En el caso de los aportes estatales a la educación de gestión privada, como en muchas otras áreas, es tiempo de ir más allá de todos los intereses económicos y políticos en juego y definir políticas que pongan en primer plano el derecho a la educación de los alumnos.


(*) Director del Programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).