Un fallo judicial reavivó el debate en la Ciudad por los trapitos y limpiavidrios

La decisión de la jueza de garantías platense, Marcela Garmendia, de mantener la imputación de extorsión sobre un trapito, que le habría rayado el auto a un vecino, porque no le dio dinero a cambio del supuesto cuidado del rodado, por el que ya había pagado estacionamiento medido, en 9 entre 51 y 53, reavivó la polémica sobre los llamados cuidacoches o limpiavidrios en la Ciudad.

Sabido que esas actividades están taxativamente prohibidas por un reglamento municipal (ver aparte), su presencia y proliferación en las zonas más transitadas de La Plata llamaba mucho la atención, sobre todo porque son conocidas las historias de enfrentamientos, algunos de ellos de consecuencias graves, con peatones y automovilistas.

Siempre se sospechó del accionar de presuntas mafias organizadas detrás de esos hombres apostados en las esquinas con franelas o baldes y secadores. Como por ejemplo en las inmediaciones de los estadios de fútbol, donde el fantasma barrabrava ya forma parte del imaginario popular.

Se dice que la ganancia que genera la actividad suele ser millonaria -también por los recitales- y por eso muchas veces se registrarían disputas feroces entre distintas facciones o bandas, que pugnan por quedarse con esos jugosos dividendos.

A 50 pesos -o 100- por cada coche, se habla de una recaudación que no bajaría de 500.000 pesos por partido o encuentro musical.

¿Cuentan con algún tipo de protección? La creencia generalizada es que sí, pero desde hace algún tiempo a la fecha han comenzado una serie de operativos para correrlos de la Ciudad.

Se presume que serían más de 100 personas las que diariamente salían a ofrecer sus servicios callejeros como trapitos o limpiavidrios. Pero ya no están todos.

A través de la Jefatura Departamental local y la Dirección de Control Urbano y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de La Plata, fueron constantes los procedimientos para llevarlos aprehendidos a la comisaría, donde los identificaron y notificaron del inicio de una causa por “Infracción a la ordenanza 9127”.

Una situación más gravosa ocurrió con el trapito imputado por extorsión, delito que se constituye cuando alguien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.

Con penas que van entre los 5 a 10 años de cárcel, salvo que la Cámara Penal -en el caso de una eventual apelación- tenga un criterio distinto al enunciado, primero por el fiscal Alvaro Garganta, y después por la jueza Garmendia, el cuidacoche debería pasar un tiempo prolongado privado de su libertad.

Por último, se supo que desde la fiscalía interviniente estarían llamando a declarar a quienes hayan sufrido situaciones violentas con trapitos o limpiavidrios, ya que se intenta determinar si efectivamente existe alguna organización que lucra y fomenta este tipo de proceder ilegal.