Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas

En Estados Unidos, las actividades cotidianas de los ciudadanos generan una enorme cantidad de datos que son capturados de forma permanente por dispositivos tecnológicos. Desde cámaras de seguridad en viviendas hasta sensores en vehículos y teléfonos móviles, múltiples herramientas registran información sobre desplazamientos, comunicaciones, hábitos de consumo e incluso variables biológicas.

Estos datos, recolectados en gran parte por empresas privadas, son luego comercializados a intermediarios que los procesan mediante inteligencia artificial. El resultado es la construcción de perfiles detallados que permiten inferir conductas, preferencias y estados emocionales.

El rol del Estado estadounidense

En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos accede a grandes volúmenes de información personal mediante la compra de datos a intermediarios comerciales, lo que le permite sortear restricciones legales que sí aplican a la recolección directa.

Además, las agencias federales han fortalecido sus vínculos con empresas tecnológicas para ampliar sus herramientas de vigilancia. Entre los desarrollos en marcha se incluyen sistemas biométricos, plataformas de análisis de llamadas de emergencia y programas capaces de interpretar emociones en redes sociales.

El crecimiento de estas capacidades está respaldado por un fuerte incremento presupuestario en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional recibió fondos inéditos, al igual que organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Estas inversiones se orientan al desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten automatizar el análisis de grandes volúmenes de información y, en algunos casos, anticipar posibles delitos mediante modelos predictivos.

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Límites legales en discusión

El avance de estas prácticas abre un debate en Estados Unidos sobre los límites entre la seguridad nacional y la vigilancia interna. Especialistas advierten que la frontera entre ambas se vuelve cada vez más difusa, en un escenario donde los controles institucionales resultan insuficientes.

A esto se suma que el gobierno impulsa medidas para acelerar la adopción de inteligencia artificial y reducir regulaciones, lo que podría incrementar los riesgos asociados al uso de estas tecnologías.

Datos sensibles y escasa protección

Gran parte de la información recopilada proviene de dispositivos de uso cotidiano, como teléfonos y wearables (dispositivos electrónicos que se usan puestos en el cuerpo y que recopilan datos mientras los utilizás en la vida cotidiana), que registran datos de salud, comportamiento y actividad física. Sin embargo, en Estados Unidos estos datos no siempre están protegidos por leyes específicas, ya que muchas empresas tecnológicas no son consideradas proveedores de salud.

El consentimiento de los usuarios, generalmente otorgado al aceptar términos y condiciones extensos, permite que la información sea recolectada y comercializada en un mercado con escasa regulación.

Aunque la legislación estadounidense contempla protecciones como la Cuarta Enmienda, expertos sostienen que el uso masivo de datos adquiridos por el Estado podría estar eludiendo estos principios.

En este contexto, la falta de leyes específicas sobre privacidad y el avance de la inteligencia artificial plantean la necesidad de actualizar el marco normativo. El desafío, coinciden analistas, será equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de los derechos individuales.