El fallo judicial que declara anticonstitucional la parte de la ley universitaria que garantiza el ingreso irrestricto a la educación superior sólo afecta al actor que presentó el amparo, la Universidad de La Matanza, pero abre un fuerte debate sobre los alcances de la autonomía universitaria, el esquema de admisión libre al sistema y las repercusiones que pueda tener el dictamen en otras universidades.
Lo dispuesto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Pablo Cayssials, fue apoyado públicamente por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuestionado por la ex diputada y una de las autoras del proyecto de ley universitaria aprobado por todos los bloques del Congreso -excepto el del Pro-, Adriana Puiggrós, y calificado como “impensable” para la UNLP por el rector Raúl Perdomo.
Su par de La Matanza, Daniel Martínez -un “peronista clásico”, como se define-, adujo ante la Justicia que la Ley 27.204 que modificó varios artículos de la Ley de Educación Superior de 1994 (LES) viola la autonomía universitaria. Opinó que “es demagógica, apela al facilismo y confunde a la sociedad. Establece un régimen de acceso, permanencia y graduación que debe ser definido por cada institución”, anfatizó.
El fallo plantea “el pleno ejercicio del derecho a la educación superior, pero sobre la base de la capacidad de cada uno”.
En esa línea se pronunció Esteban Bullrich. Dijo que el fallo no lo sorprendió porque responde a “una ley mitológica” basada en “una propuesta demagógica” del kirchnerismo. “El ingreso irrestricto no se puede poner por ley. Hoy en día hay muchos que, por la mala calidad del sistema educativo, no pueden ir a la universidad”, consideró.
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