Un juez no justificó su patrimonio y lo echaron

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a cinco años de prisión al ex juez federal N°2, Felipe Terán, por el delito de enriquecimiento ilícito, lo inhabilitó para ejercer un cargo público durante 10 años y ordenó el decomiso de los efectos provenientes del delito por una suma de $ 1.650.000.

El fallo, con disidencias parciales, fue dado a conocer por el tribunal integrado por Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga.

Los jueces ordenaron el decomiso de los efectos provenientes del delito, consistentes en la suma de $ 1.650.000, monto que deberá ser actualizado y para hacerse efectivo su cumplimiento se ordenó la inhibición general de los bienes del ex magistrado.

El fiscal Pablo Camuña se mostró conforme con el fallo y destacó que “el dinero obtenido por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público vuelve ahora a la comunidad”.

Expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Defensoría General de la Nación concluyeron que el incremento sin causa asciende a $ 550.000 o U$S 183.000 según la cotización de la época.

NO JUSTIFICÓ SU PATRIMONIO

En el período 1999-2005, Terán adquirió cinco inmuebles (uno en Buenos Aires; tres en San Miguel de Tucumán y uno en Raco, una villa veraniega tucumana), y dos vehículos; además de vender una propiedad y dos autos.

LE PUEDE INTERESAR

El Bapro duplicó créditos al sector agropecuario en lo que va del año

LE PUEDE INTERESAR

Respaldo al acuerdo fiscal que firmaron la Nación y las provincias

Según lo establecido en la investigación, la familia de Terán vivía de los salarios del juez y de la jubilación de su esposa, Luisa Chiarello, por lo que no se justifica el patrimonio.

El lapso investigado abarca los dos últimos años de ejercicio de la magistratura federal en Catamarca y los primeros del desempeño en Tucumán, donde Terán reemplazó al ex juez federal N°2, Ricardo Maturana.

El funcionario cuestionado permaneció en el cargo -actualmente ocupado por Fernando Luis Poviña- hasta 2006, cuando el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó.

Terán ya había sido condenado en 2014 -mediante una sentencia que aún no está firme- por maniobras con títulos del Estado afectados por la cesación de pagos declarada en 2002.

El informe que complicó a Terán fue elaborado por el Cuerpo de Peritos de la Justicia Nacional Especializado en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.

Este documento analiza los movimientos del patrimonio del ex juez N°2 de Tucumán y, a partir de ese estudio, sostiene que este no puede justificar aumentos de bienes ni consumos .

El monto total de dinero carente de respaldo asciende a $ 550 mil.