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22.4.2018
Análisis

Falta una legislación que impulse el trabajo joven

Fernando Coradazzi
fcoradazzi@eldia.com

En nuestra región, el desempleo juvenil triplica al de los adultos de más de 30 años. El dato es similar al del país, un poco mayor que el de los países vecinos y similar al de muchas naciones de Europa.

Evidentemente es un problema mundial.

Sin embargo, ¿qué instrumentos hemos creado los argentinos para enfrentarlo?

Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, envió al Congreso un proyecto de ley para ayudar a los jóvenes a obtener su primer trabajo. La iniciativa se llamaba, justamente, Primer Empleo, y proponía que el Estado le transfiera al empleador un subsidio proporcional al salario del trabajador joven de entre 18 y 24 años durante los primeros tres años de trabajo formal. También favorecía al empleador con algunas excepciones impositivas.

El proyecto naufragó en el Congreso, que nunca lo trató. Era el año 2016, y la CGT presionaba más sobre una ley antidespidos, que a favor de una norma que ayudara a generar empleo.

El año pasado, el proyecto de reforma laboral incluyó en uno de sus capítulos el programa Primer Empleo. Pero la iniciativa quedó trabada en el Senado de la Nación, por la interna de la CGT que le impidió mostrar un apoyo unánime a este proyecto de ley consensuado con el Gobierno.

Antes de estos intentos, el gobierno de Cristina Kirchner había creado, en jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación, el programa Empleo Joven, que ayudaba a este sector con una asistencia económica hasta que se capacite, termine sus estudios o haga entrenamientos laborales.

Pero esta iniciativa, al igual que otras de carácter provincial o municipal, constituyeron parches. No estaban mal: fueron insuficientes.

Tal vez, para que esto funcione, habría que pensar en una reforma estructural del sistema.

Una posibilidad, por ejemplo, es una adecuación del contrato de trabajo al empleo joven, que incorpore, como en Alemania, el exitoso “sistema dual”, que ofrece dos años de teoría pero también dos años de práctica rentada con ayuda del Estado.

Podría ser parte de una futura reforma laboral, pero en serio. Sin empresarios que solamente piensen en la reforma como una forma de reducir costos. Y con sindicalistas que ayuden a generar empleo y no a mantener sus privilegios.

 

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