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Federico Delgado, además, apuntó contra dos colaboradores del radical pampeano. Harán peritajes en los teléfonos celulares
El senador Juan Carlos Marino y dos de sus colaboradores en el Congreso fueron imputados por el fiscal federal Federico Salgado en la causa abierta a partir de una denuncia contra el legislador radical pampeano por presunto abuso sexual.
En un dictamen entregado al juez federal Ariel LIjo, el fiscal pidió medidas de prueba en lo que sostuvo se trata de una “averiguación de delito” en base a la denuncia presentada por la empleada Claudia Guebel, informaron fuentes judiciales.
El magistrado analizará ahora los pedidos de prueba del fiscal y resolverá si ordena lo requerido.
Hoy, en tanto, el legislador radical dará públicamente su versión de los hechos. El Senado sesionará desde las 14 y Marino pedirá la palabra en el comienzo para referirse a la denuncia que le formuló la empleada Claudia Guebel, quien se presentó esta semana ante el fiscal Carlos Stornelli para acusar al legislador de haberla manoseado en su despacho, y de haberle enviado videos sexuales.
El caso se convirtió en uno de los más resonantes en el marco de la ola de denuncias de abusos sexuales y acoso en el ámbito de la política nacional, provincial y local.
En ese marco, el fiscal Delgado imputó además a Pedro Fiorda y Juan Carlos Amarilla, presuntos colaboradores del senador por lo que supuestamente ocurrió entre 2016 y 2018.
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Delgado aludió a la “necesidad de reconstrucción histórica de los hechos” y para ello sugirió “que mediante el mecanismo de Cámara Gesell” el juez ordene “que se amplíe la declaración de la víctima para tener más precisión acerca de la fecha de producción de los hechos y la identidada de las personas que estuvieron”.
“Es necesario además acceder a los teléfonos celulares de los imputados y sus comunicaciones”, sostuvo Delgado en el dictamen.
Para ello solicitó ordenar secuestros de aparatos en los casos en que sea posible e invitar “a sus portadores a suministrar las claves u ordenar su desbloqueo”.
También requirió “chequear si Amarilla es legislador ante las autoridades del Congreso y en caso positivo gestionar la autorización para acceder a sus comunicaciones”.
En el caso del senador, ante la imposibilidad de secuestrar su teléfono en razón de sus fueros, pidió cursarle una “invitación” para “que decida si quiere aportar su celular, aunque el acceso a sus comunicaciones debe solicitarlse de acuerdo al citado articulo 1 de la ley 25320 para evitar futuros planteos de nulidad”, sostuvo en el dictamen.
El caso generó fuertes réplicas políticas.
Ayer, en un comunicado oficial, la Unión Cívica Radical, fuerza a la que pertenece Marino, emitió un comunicado en el que señaló la necesidad de “impulsar, por la vía institucional, acciones la lucha contra actos de acoso y abuso sexual”.
En tanto, en medio del escándalo que involucró a dirigentes y legisladores de esa agrupación, La Cámpora informó ayer la separación de su cargo partidario al senador provincial Jorge “Loco” Romero, denunciado por varios casos de abusos sexuales por exmilitantes del espacio.
En un comunicado, la organización que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner anunció que a Romero, responsable político de La Cámpora en la provincia, “se le quitaron todas las responsabilidades políticas dentro de la organización”, por lo que “no puede participar en los espacios de militancia”.
En tanto, la agrupación informó que otro de los denunciados, Julian Eyzaguirre, “abandonó la organización tras no acatar el proceso de protocolo y se finalizó su relación laboral”, que tenía el despacho de Mariano Recalde.
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