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Lo impulsan las dos vicepresidentas del cuerpo, luego de las denuncias cruzadas entre Fernando Ponce y una ex empleada
Las vicepresidentas del Concejo Deliberante platense, las peronistas Lorena Riesgo y Virginia Rodríguez presentaron ayer un proyecto que propone crear un “protocolo” para actuar frente a denuncias de abuso o acoso sexual en el ámbito del cuerpo.
La iniciativa tiene lugar luego de que el jueves pasado llegaran a la Justicia acusaciones cruzadas por “acoso sexual” y “falsa denuncia”, entre el titular del deliberativo, Fernando Ponce, y una joven ex empleada del municipio.
Pero, además apuntaría a establecer un modo de actuar para la eventualidad de otros casos que puedan desarrollarse en ese ámbito, en el marco de la oleada de denuncias de mujeres víctimas de este tipo de delitos en distintas esferas de la sociedad, que no dejó exenta a la política en sus distintos niveles de gobierno.
Los proyectos tomarán estado parlamentario en la sesión del próximo miércoles
El proyecto de ordenanza que presentaron Riesgo (FpV-PJ) y Rodríguez (Frente Renovador) establece la conformación de una comisión de expertos en la materia, que elabore un “protocolo de actuación” ante denuncias por acoso o abuso sexual contra “concejales, secretarios y otras personas que desarrollen su labor en el Concejo Deliberante”,
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Según establece el texto al que accedió este diario, la comisión que elaboraría ese protocolo estaría conformada por abogados y psicólogos de los colegios de profesionales y la UNLP y activistas de género nucleados en ONGs.
Ayer, Riesgo expresó que ante la “delicada” situación que atraviesa el deliberativo en el marco de las recientes denuncias “tiene que haber una respuesta institucional”. Y evaluó que ante “un momento histórico donde muchas mujeres se animan a denunciar situaciones de acoso, violencia o abuso, el Estado el que debe pensar mecanismos de intervención hasta tanto la justicia determine la culpabilidad o inocencia de las personas implicadas”.
Con esa intención, opinó que el protocolo a crearse debe contemplar “la protección y cuidado de la víctima y al mismo tiempo dar garantías de un procedimiento justo evitando el escarnio público que atenta contra el principio de inocencia”.
En la misma línea, Rodríguez argumentó “no hay un código de ética en el Concejo y frente a una situación así de desconcertante no deben adoptarse medidas sólo por una interpretación personal. Por eso, la pregunta es qué hacemos con ésta y muchas otras cosas”.
Y consideró que aunque la iniciativa se aboca al Concejo, en el futuro debería discutirse hacerla extensiva al Departamento Ejecutivo.
Si bien el oficialismo no se ha expedido aún formalmente sobre el tema, ayer desde el bloque de Cambiemos coincidían en que es necesario crear un “mecanismo que resguarde los derechos de denunciantes y denunciados en esta situación”.
El proyecto de Riego y Rodríguez fue ingresado ayer en mesa de entradas del deliberativo con la idea de que sea incorporado en el sumario de la sesión del miércoles 26, cuando recién tomaría estado parlamentario para su tratamiento en comisión. No obstante, no se descartaba que el tema pueda ser abordado sobre tablas ese mismo día, dado que se trata de la última sesión hasta marzo próximo.
Como viene publicando este diario, el desencadenante de la iniciativa se vincula con la denuncia por acoso sexual que una joven ex empleada del Ejecutivo presentó contra el presidente del Concejo, Fernando Ponce, quien realizó una contradenuncia afirmando no sólo que se trata de una “mentira” sino que, además, “tiene una intencionalidad política de dañar su imagen”.
Por otra parte, la kirchnerista Victoria Tolosa Paz presentó ayer un proyecto de adhesión a la ley de violencia política que debate el Senado nacional y que propone tipificar los casos de violencia que sufren las mujeres en el ejercicio de la política.
La iniciativa fue acompañada por Riesgo, Rodríguez, la radical disidente Florencia Rollié y la edil de Unidad Ciudadana Ana Castagneto.
En otro orden, el PJ La Plata se expidió ayer sobre la problemática de las denuncias por acoso y otras formas de violencia que sufren las mujeres y repudió “todo acto misógino que vulneran la calidad de vida de las argentinas”, reclamando que el Estado “tome medidas eficientes”.
Mientras en el oficialismo aún no se han pronunciado sobre el caso, ayer trascendió que una consultora se encuentra realizando encuestas telefónicas a los vecinos para que, entre diversos temas, respondan sobre el caso de Juan Darthés y Thelma Fardín y si conocen la denuncia presentada contra Ponce.
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