Un escándalo por corrupción salpica a clientes de una financiera ilegal en Córdoba

La declaración de un “arrepentido” en la causa de la financiera cordobesa CBI, que habría lavado fondos de la corrupción por 700 millones de pesos, podría derivar en un nuevo escándalo que salpicaría a ex funcionarios kirchneristas y empresas ligadas organismos públicos nacionales y sindicatos. La mayoría cordobeses.

Ayer se conoció - en una nota que publicó el portal de La Nación- que “hay un listado de cheques secuestrados por la Justicia, en el que aparecen varios librados por empresas como Electroingeniería, Iecsa, Carranza Rovella, de obras sociales y de organismos públicos nacionales como Jefatura de Gabinete, Pami, Correo Argentino y Gendarmería”.

Electroingeniería pertenece al empresario cordobés Gerardo Ferreyra, actualmente preso en el penal de Marcos Paz, y Iecsa era propiedad del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, investigado también en la Causa de los Cuadernos.

El fiscal federal Enrique Senestrari decidió abrir una causa paralela a la de la financiera CBI, vinculada al listado que brindó la declaración del arrepentido Miguel Vera.

Vera, liberado en 2016 en la causa de la financiera, fue el precursor cordobés de los arrepentidos de Comodoro Py, ya que unió los datos de los Cuadernos de la Corrupción con la financiera CBI.

El “arrepentido” Vera señala diversas operatorias ligadas al cobro de “reintegros”, contratos “laborales” para pagar a la tropa “kirchnerista” de la provincia de Córdoba, los contactos con funcionarios nacionales y provinciales y el acceso a dependencias oficiales, como el Ministerio de Planificación Federal.

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En el caso de Electroingeniería, hay siete cheques librados por Electroingeniería SA; dos por la UTE conformada por Electroingeniería SA y Boetto y Buttigliengo SA: cinco por Electroingeniería e Icssa y uno por una sociedad entre Electroingeniería y Iecsa. Todos entre 2008 y 2012.

El fiscal además imputó al sindicalista Armando Cavalieri, y la cúpula de la obra social de empleados de Comercio, por 84 cheques de $28,2 millones, emitidos entre 2008 y 2011.

El Banco Nación nunca objetó -en ese periodo- el millonario tránsito de dinero en las cuentas.