La noticia que venía desde España, aseguran, cayó el jueves como una “bomba” en el bunker de Chapadmalal, en vísperas en que el presidente Mauricio Macri se disponía a reunir a todo el oficialismo en otro “retiro”, donde también se iba a hablar de “transparencias” en la gestión.
Al poco de conocerse la publicación del diario El País, el viernes, desde la Rosada ensayaron una defensa de Díaz Gilligan y aclararon que el caso ya se encontraba en manos de la Justicia y de la Oficina Anticorrupción, para realizar las investigaciones necesarias. “Él no tiene una empresa off-shore ni nada que se le parezca. Fue asesor de varias empresas argentinas y extranjeras a lo largo de su vida. Y estamos hablando de una situación previa a ser funcionario”, dijo a la prensa De Andreis, a quien ayer Díaz presentó su “denuncia indeclinable”.
También ese día, Macri pidió encarar con “honestidad y seriedad” acusaciones de corrupción como esta y abogó por, “como servidores públicos”, que se den “explicaciones cada vez que sea necesario”.
“Espero que los funcionarios en los que confío demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento. Va a ser muy importante el informe que haga la Oficina Anticorrupción, que con absoluta libertad actúa en cada caso”, subrayó el mandatario.
Y el escándalo y la polémica quedó instalada el fin de semana. Y en las últimas horas hasta varios miembros del oficialismo, principalmente voces desde el radicalismo y la Coalición Cívica, principales socios del PRO en Cambiemos- se han mostrado partidarios del cese del subsecretario.
El domingo ya el jefe de Gabinete Marcos Peña, si bien quiso despegar el caso de un hecho de corrupción, adelantó que el Gobierno no tenía problemas si era necesario hacer “un apartamiento temporario” del subsecretario general de la Presidencia, hasta que “aclare su situación” sobre la sociedad comercial cuya participación no figura en sus declaraciones juradas al Fisco.
Ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el Gobierno “no está para apañar a nadie” en relación a la denuncia contra Díaz Gilligan, y advirtió que si la Oficina Anticorrupción (OA) establece que no actuó de acuerdo a las atribuciones de un funcionario público “tendrá que dar un paso al costado”. Horas después llegó la carta de renuncia del ahora ex funcionario.
Pero el caso ya había provocado un fuerte malestar interno en el frente oficialista, con las opiniones públicas del radical Mario Negri y de Paula Oliveto y Fernando Sánchez -dos dirigentes que responden a Elisa Carrió-, que exigieron su renuncia.
El más duro fue Negri vía Twitter: “Diaz Guilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la ´vara´sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al Gobierno, sino ayudarlo”, escribió el domingo.
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