Procesaron a ex titular de la Casa de Moneda por uso particular de recursos del organismo

El juez federal Sebastián Ramos procesó hoy y embargó por 10 millones de pesos a la ex presidenta de la Casa de Moneda en el kirchnerismo, Katya Daura, por "peculado", a raíz del uso de servicios contratados y pagados por el organismo para fines personales o familiares, como el cuidado de sus hijos.

El uso de tres custodios de la Casa de Moneda en su casa para cuidar a sus hijos, de dos choferes para el traslado de su familia y de fondos de la Casa de Moneda para colocar una cámara de seguridad en su casa, y la contratación de un servicio de seguimiento satelital fueron algunos de los hechos detectados por la investigación, según el fallo firmado hoy.

La denuncia había sido presentada por el actual presidente de la Casa de Moneda, Marcelo Javier Pose, y se estima que el esquema de seguridad montado con fondos públicos para uso privado costó 7.492.494,26 pesos. Los procesamientos alcanzaron además a un ex asesor de seguridad de la Casa de Moneda, Héctor Desmarás, y al ex gerente general Mario Enrici, como partícipes necesarios con sendos embargos de 8 millones de pesos.

En la investigación se determinó que dos custodios contratados a una empresa privada con cargo a la Casa de Moneda vigilaron la casa particular de Daura y su familia "porque en las proximidades había un terreno tomado" y "con frecuencia se realizaban secuestros de personas", según el argumento dado en ese momento. Uno de ellos declaró en la causa que, incluso, llegó a trasladar a las hijas de Daura cuando iban a bailar.

Para el juez, la "verdadera motivación de los gastos realizados en materia de seguridad" fue dar "seguridad y tralados con seguimiento satelital a Daura, su núcleo familiar y de miembros de su entorno a fin de evitarles los riesgos que se generaran a raíz de la ubicación de su casa particular". Esto, remarcó el magistrado, no tenía "ninguna vinculación con el correcto y normal desenvolvimiento de las tareas desarrolladas en la Casa de Moneda".

También, a la hora de dictar el procesamiento, también evaluó que no hubo denuncias por hechos delictivos que pudieran afectar a Daura. "Existió una contratación mensual de un servicio periódico y continuo, durante varios años, íntegramente pagado con los fondos públicos de la sociedad estatal", remarcó Ramos en el fallo.

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