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La Policía Federal detuvo anoche en el centro porteño al intendente kirchnerista de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, luego que el juez federal Luis Rodríguez ordenara su captura preventiva en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de esa localidad santacruceña, informaron fuentes judiciales.
Pérez Osuna, que fue detenido en un hotel de la calle Montevideo al 300, en la Ciudad de Buenos Aires, es ex interventor de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y su captura fue pedida por una causa conexa a la principal en la que se investiga el trazado de una avenida de 7 kilómetros que no se habría terminado y que tenía un presupuesto estipulado de casi 500 millones de pesos.
El juez Rodríguez ordenó también la prisión preventiva del ex coordinador general de YCRT Miguel Ángel Larregina y del diputado provincial del Frente para la Victoria Matías Mazú.
En este expediente se investiga la obra de readecuación de la Avenida YCF, el camino que une la rotonda de ingreso a la localidad de Río Turbio con la de 28 de Noviembre.
La denuncia por esta obra había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien le apuntó a la empresa constructora Fainser S.A., encargada de la obra, que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
La Cámara Federal porteña confirmó, en otro orden, el procesamiento de tres ex secretarios de Ambiente acusados de no haber realizado los controles previstos por ley para la preservación de los glaciares.
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En la causa se investiga si los ex funcionarios procesados -Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso- contribuyeron a “generar un ámbito de desprotección de los cuerpos de hielo del ambiente glaciar y periglacial” ubicados en los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, en San Juan.
La decisión fue adoptada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, miembros de la sala II del tribunal de apelaciones, que ratificó el fallo dictado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello.
El juez Casanello había procesado a los tres ex funcionarios por abuso de autoridad, los embargó por cinco millones de pesos y les prohibió salir del país.
La causa fue abierta tras una denuncia de la asamblea de vecinos de Jachal a raíz de la actuación de la minera Barrick, en San Juan.
En el fallo de primera instancia, Casanello había sostenido que “se verificaron claras omisiones por parte de los funcionarios públicos imputados”, como que “no relevaron ni inventariaron con la amplitud y urgencia requerida por la ley” las zonas a preservar.
Los entonces funcionarios “retardaron la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificaron los presupuestos mínimos de protección de los glaciares”, había asegurado Casanello.
Para el magistrado, los tres ex secretarios de Ambiente “no cumplieron con el mandato legal de conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial”.
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