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Opinión |PANORAMA NACIONAL

El temido ajuste proyecta un escenario de mayor conflictividad social

Gremios y piqueteros intensificarán las protestas por reclamos sectoriales, pero también con objetivos políticos. El Gobierno deberá asimilar el costo del acuerdo con el FMI

El temido ajuste proyecta un escenario de mayor conflictividad social
27 de Mayo de 2018 | 03:39
Edición impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA
@mnspezzapria

Se vienen tiempos de confrontación”. La frase no pertenece a un dirigente trostkista que por acto reflejo presagia el final del capitalismo cada vez que se presenta una oportunidad. Tampoco fue pronunciada por un kirchnerista que solamente piensa en el regreso al poder. La advertencia partió de Andrés Rodríguez, el jefe nacional del gremio de estatales UPCN, una organización que no está entre las más combativas y que históricamente acuerda con gobiernos de todo sesgo.

¿Qué llevó a Rodríguez a salirse del libreto? El ofrecimiento por parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de un aumento salarial de sólo el 12%, un porcentaje que -con suerte- será la mitad de la inflación proyectada todo 2018.

No es que el Gobierno ignore esa situación, sino que el acuerdo que se negocia con el Fondo Monetario Internacional impondría un ajuste de las cuentas públicas por al menos los próximos dos años. Y el sueldo de los estatales entra en ese combo.

La frase del jerarca sindical contiene además la amenaza latente de un paro general que ya se discute en el seno de la CGT. Por cierto que la central obrera está partida en varios pedazos y que cada gremio hace su juego, pero hay algunos factores extra-sindicales que traccionan en esa dirección: uno de ellos pasa por los cada vez más ostensibles problemas judiciales que afronta Hugo Moyano, ante los que el jefe de los Camioneros tiende hacia una radicalización opositora.

Tanto es así que los Camioneros repudiaron el arresto de los metrodelegados que bloquearon el servicio del subte porteño antes que la CGT. Y en los próximos días podrían convocar a un paro nacional de la actividad, al que aspiran que se sumen las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli. Justamente esos dos dirigentes y el propio Moyano se reunieron en la semana con el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, como una señal de rechazo al acuerdo con el FMI.

El encuentro fue interpretado como un mensaje del Papa Francisco en contra de la decisión del Gobierno nacional de acudir al organismo internacional tras la crisis cambiaria que significó una fuerte devaluación del peso frente al dólar estadounidense. Días después, el pontífice argentino envió al presidente Mauricio Macri una carta de saludos por el 25 de mayo –que esta vez tuvo la gentileza de escribir en castellano- en la que abogó por una “sociedad cada vez más justa”.

“Los desencuentros entre la Iglesia y el Gobierno incluyen el debate por el aborto”

 

ENVIADO OFICIAL AL VATICANO

En este contexto, el Gobierno procura encarrilar la relación con Francisco y envía al Vaticano al canciller Jorge Faurie, quien podría ser recibido por el Papa el martes, aunque lo más seguro es que lo atienda su par de la Santa Sede. Los desencuentros entre la Iglesia y la administración de Cambiemos también incluyen el debate sobre la legalización del aborto, que la Casa Rosada abrió a principios de año y que en tres semanas será tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.

Allí se impondrían los que están a favor de la legalización, mientras que los indecisos manifiestan su fastidio con las presiones de sectores afines a la Iglesia, que se traducen en constantes llamados telefónicos, mails y mensajes por WhatsApp. En el Senado, en tanto, hubo en los últimos días pronunciamientos inesperados, como el de Miguel Pichetto, el jefe del bloque de senadores del PJ, que anticipó su postura favorable a la legalización. En ese sentido, las encuestas son influyentes.

Los sondeos marcan desde hace dos meses que la sociedad maduró su postura y los dirigentes siguen esa tendencia. Hasta el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dio una señal en esa dirección al firmar un decreto por el cual la provincia norteña adhirió al protocolo de interrupción legal del embarazo –ante un caso dramático de una niña de sólo 10 años-, lo que le valió una fuerte crítica del arzobispo Mario Cargnello en medio de la misa del Tedeum por el 25 de mayo.

Para Urtubey se plantea la disyuntiva de gobernar una provincia apegada a las tradiciones y tener que presentarse, al mismo tiempo, como un candidato que ofrezca una alternativa progresista de cara al recambio presidencial de 2019. Y que en forma paralela mantiene el diálogo abierto con Macri, a tal punto que el Presidente tomó parte de su propuesta para bajar a la mitad el IVA en las facturas de agua, luz y gas, como una manera de meter una cuña en el peronismo parlamentario.

Con esa jugada que antes había rechazado cuando el proyecto de reducción de tarifas era discutido en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró que cuatro senadores peronistas firmaran el dictamen en disidencia y que se mantenga la chance de negociar hasta último momento antes de la sesión prevista para el próximo miércoles, en la que de movida iba a padecer una derrota parlamentaria, que lo llevaría a tener que vetar la sanción y pagar el costo político.

LA DIMENSIÓN DEL AJUSTE

Para el Gobierno viene, de todos modos, un período en el cual tendrá que asimilar el costo de haber recurrido al FMI. Y eso no ocurrirá solamente en el terreno simbólico, sino cuando empiece a implementar el ajuste –según trascendió, de unos 200.000 millones de pesos u 8.000 millones de dólares- que le permitiría llegar a la meta de déficit fiscal establecida por el organismo en 2,5% del Producto Bruto, lo que supondría –como admitió Marcos Peña- tener que acelerar el gradualismo.

Peña sostuvo ante los diputados que “la política económica la definió y la define el Gobierno argentino”, aunque esas decisiones ya no pasan por la Jefatura de Gabinete sino por el Ministerio de Hacienda, donde Nicolás Dujovne se puso al frente de la coordinación de la macroeconomía y restó influencia –por orden de Macri- a los secretarios Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Hasta fue disuelto el cargo de Vladimir Werning, el economista de mayor confianza de Peña y Quintana.

En medio de esos cimbronazos internos, el Gobierno llegó a poner en duda algunas de sus políticas fundacionales, como lo fueron la eliminación y la rebaja -diferenciada por sectores- de las retenciones agropecuarias y mineras. Entonces reaccionó la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, que hasta no hace mucho tiempo era el presidente de la Sociedad Rural, pidió una reunión urgente con Dujovne para frenar una medida que estaba “sobre la mesa”.

Pero no sólo los ruralistas están molestos, ya que los industriales dejaron trascender duras críticas a la diputada oficialista Elisa Carrió por haberlos tratado de “golpistas” en medio de la corrida bancaria. La jefa de la Coalición Cívica los acusó de devaluacionistas e incluso advirtió que las empresas de productos alimenticios subirían los precios al ritmo del dólar. Una línea similar siguió luego la gobernadora María Eugenia Vidal, al tanto del traslado a precios en toda la Provincia.

Pero en Cambiemos nadie admite, salvo el ministro Juan José Aranguren en privado, que la nafta tiene un “retraso del 40%” en sus costos, que impactarían de lleno en el esquema general de precios una vez que concluya la tregua de dos meses que firmó con las petroleras. Tampoco los funcionarios informan a quiénes se les vendió dólares a 20 pesos para comprárselos luego a 25, ni tampoco qué grupos hicieron operaciones de dólar futuro con el Banco Central.

Más allá de las sospechas, lo cierto es que en los cuatro primeros meses de 2018 las importaciones fueron del 22% y las exportaciones de sólo el 11%, con lo cual se agrandó el déficit comercial, pese a lo cual el diagnóstico oficial sigue siendo que el rojo de la cuenta corriente “se explica por el déficit del Estado y no del sector privado”, definió Peña en Diputados. Allí también debió afrontar preguntas sobre recortes en programas de salud, en el PAMI y la obra pública.

La protesta que organizó el kirchnerismo en el Obelisco porteño –a la zaga de un grupo de artistas- y la marcha federal de los movimientos sociales que confluirá el viernes frente al Congreso, son claros intentos de capitalizar el descontento que anida en buena parte de la sociedad ante el rumbo de la economía, lo que preanuncia un fuerte incremento de la conflictividad social en los próximos meses.

 

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