Defendamos la vida sin penalizar a la mujer

JULIÁN DOMÍNGUEZ (*)

Este debate me coloca en campos conceptuales contradictorios liberando un aspecto muy profundo de nuestra identidad. Voy a coincidir en la defensa de las dos vidas con argentinos que tenemos visiones muy diferentes, y diferencias con argentinos que tenemos una militancia cotidiana y compartimos el proyecto de una argentina más justa, más libre y más soberana.

Siento admiración y compromiso con las luchas de género y descarto cualquier condena penal para la mujer que decide interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque defiendo las dos vidas, la de la persona por nacer y la de la mujer. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4 y la Ley Nacional 23.849 de ratificación de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas tomaron este principio. El Código Civil y Comercial Unificado Argentino, el cual tuve el honor de liderar el debate de audiencias públicas, brindó una solución legal, ya que rescató lo diverso y contempló el bloque de constitucionalidad sosteniendo este postulado.

Llegué a la política por mi compromiso y mi formación en la Doctrina Social de la Iglesia, soy peronista y por lo tanto el progresismo humanista de este tiempo nos exige que nos hagamos cargo de la educación sexual integral que, a pesar de que hoy es ley, no se aplica.

Así como también, que nos hagamos cargo de la madre y del niño en gestación que demandan servicios sanitarios accesibles, gratuitos y de calidad.

Este debate se inicia con los peores indicadores sociales de niñez y adolescencia. Las fuentes más prestigiosas afirman que el 62,7% de los menores de 18 años se encuentran ubicados en la condición de pobreza multidimensional y en la misma línea de preocupación, señalan la gravedad derivada de los altos índices de mortalidad materna.

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En este contexto de profundo debate no está de más recordar que el Gobierno Nacional y particularmente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desconocieron la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su composición anterior, con respecto al aborto no punible.

La CSJN se manifestó impidiendo que el sistema de salud pública asumiera la responsabilidad derivada de dicha resolución, la cual desjudicializa el procedimiento de interrupción del embarazo, reconoce la objeción de conciencia y obliga a los responsables de las unidades sanitarias a sustituir con otro profesional la respectiva intervención.

Esto pone en evidencia el oportunismo por parte del gobierno nacional que, en simultáneo que promueve este debate, está llevando el país al peor de los escenarios: avanzando con un acuerdo con el FMI sin pasar por el Congreso Nacional. Y esto sí va a conducir, entre muchas otras cosas, a un sistema de salud cada vez más deficitario.

Defiendo las dos vidas y también, como tantas mujeres y hombres de mi país, quiero gritar que necesitamos un estado social que proteja sobre a todo a los más vulnerables.

(*) Ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación