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VIDAL Y LOS INTENDENTES BONAERENSES

Una alianza táctica para atenuar el impacto del ajuste en la Provincia

Una alianza táctica para atenuar el impacto del ajuste en la Provincia

Por MARIANO SPEZZAPRIA
mspezzapria@gmail.com

Una alianza táctica entre la gobernadora María Eugenia Vidal y los intendentes bonaerenses, incluidos los peronistas del Conurbano, busca bloquear al menos parcialmente la intención de la Casa Rosada de traspasar a la Provincia la responsabilidad presupuestaria de diversas áreas de gestión, con el objetivo de reducir el déficit fiscal nacional al nivel comprometido con el FMI.

El acuerdo entre Vidal y los jefes comunales volvió a evidenciarse ayer cuando la Gobernadora visitó una obra que se construye en Lomas de Zamora. Allí estuvo junto al intendente Martín Insaurralde en una estación de bombeo necesaria para evitar inundaciones en el Arroyo del Rey. “Hablaron un rato del temita del traspaso”, admitieron a EL DIA fuentes bien informadas.

Vidal ya había contado con el apoyo de los intendentes del PJ cuando reclamó a la Nación que se actualice el Fondo del Conurbano, ya que una parte de esos recursos baja luego a los municipios. Y ahora los vuelve a contar de su lado porque entienden que si una empresa de la envergadura de AySA pasara a la Provincia, se cortaría el financiamiento para obras clave como las cloacas.

En un plano más político, hay otro elemento a tener en cuenta: los intendentes buscarían colocar a uno de los suyos en la Gobernación el año próximo, envalentonados por la caída que las encuestas registran sobre la gestión y la proyección electoral de Cambiemos tanto a nivel nacional como bonaerense. Insaurralde es, justamente, uno de los que figuran en la grilla de los candidatos.

Mientras tanto, los intereses de Vidal y los jefes comunales confluyen en este escenario de restricción presupuestaria que el Gobierno nacional proyecta sobre la provincia de Buenos Aires. A tal punto, que los intendentes del PJ ya expresaron a los gobernadores de su mismo signo político –promotores del traspaso- que se pararán en la vereda de frente. Es decir, del lado de Vidal.

El propio Insaurralde estuvo días atrás en la Casa de San Juan en la capital, donde fue recibido por Sergio Uñac, un gobernador de la nueva camada que encarna el recambio generacional en el peronismo del interior. Allí estuvieron Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Echeverría), los presidentes rotativos del PJ bonaerense, quienes explicaron la postura de los intendentes.

Se trata de una controversia que por ahora se está registrando en forma subterránea, con escasas declaraciones públicas, porque todos los actores en pugna están incómodos ante el recorte que se viene. Vidal, porque necesita atenuar el impacto del ajuste decidido por la Casa Rosada; los intendentes, porque los gobernadores del PJ buscan descargarlo en territorio bonaerense.

De hecho, la idea original de que la Provincia y la ciudad de Buenos Aires se hagan cargo de las prestaciones de AySA y las eléctricas Edenor y Edesur surgió en Córdoba, por parte del gobernador Juan Schiaretti, quien toma la voz cantante en los debates presupuestarios porque “le gustan los números”, afirman en el PJ. Al cordobés se plegó luego su par salteño Juan Manuel Urtubey.

Por ende, cuando la discusión llegue al Congreso, por medio del proyecto de Presupuesto 2019, habrá diputados peronistas del interior que votarán el traspaso de recursos a Buenos Aires y la capital, en un paquete que también incluiría una parte de los subsidios destinados al transporte público en el área metropolitana. Esa batalla legislativa comenzará el próximo 15 de septiembre.

Las negociaciones previas tienen al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como uno de los actores centrales. El funcionario ya anticipó a los ministros de Economía de las provincias gobernadas por Cambiemos –entre ellos el bonaerense Hernán Lacunza- que el recorte presupuestario será superior al proyectado inicialmente en 200.000 millones de pesos.

Según explicó Dujovne, para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario se requerirá el año que viene un ajuste en torno a los 300.000 millones de pesos. El titular de Hacienda afirmó en esa reunión que el recorte será mayor por efecto de la suba de las jubilaciones y los planes sociales que habrá en 2019, dado que la nueva fórmula de actualización se basa en la inflación pasada.

Y como se sabe, los aumentos de precios acumularían un 30% este año. Con esos números sobre la mesa, todavía no queda claro qué porción del ajuste deberá absorber la provincia de Buenos Aires. Algunas fuentes estiman que, junto a la capital federal, afrontará una parte significativa del recorte presupuestario. Pero los números reales permanecen guardados bajo siete llaves.

 

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