Bonadio procesó a Cristina como jefa de una “banda” que recaudaba coimas

En un revelador fallo que describe detalles de una presunta trama de corrupción sin precedentes en el país, el juez Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien señala como “jefa” de una asociación ilícita (“banda”) montada para recaudar coimas de empresarios.

El auto de procesamiento, de 558 páginas, lleva la firma del magistrado a quien la ex mandataria recusó varias veces sin suerte, y saca a la luz pública detalles de una investigación que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de unos cuadernos en los que un chófer de un ex funcionario kirchnerista anotó movimientos de dinero de los sobornos.

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El juez, que ya había procesado a Cristina por otros casos, pidió nuevamente al Senado -una vez que la Cámara Federal de Apelaciones homologue la prisión preventiva- que le quite los fueros a la ex mandataria, quien ocupa una banca en la Cámara alta desde finales de 2017.

Bonadio convocó a la ex presidenta, y a los demás procesados -más de 40 entre ex funcionarios K, empresarios y hasta un ex juez federal, Norberto Oyarbide- a presentarse en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificarse de su resolución y dictó un embargo de los bienes de la ex presidenta por 4.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares).

Los argumentos

Quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 es señalada por el magistrado como jefa de una asociación ilícita junto a su esposo y antecesor en la Presidencia, Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

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Néstor y Cristina “se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva”, aseveró el juez, quien afirmó que los mandatarios “daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales de las mismas”.

Según Bonadio, que en su escrito hace constar 157 pruebas y la declaración de 51 personas -varias de ellas en carácter de arrepentidas-, en la Presidencia de Kirchner “se puso en funcionamiento un sistema ilegal de recaudación” en el ámbito del Ministerio de Planificación, que tenía bajo su órbita la concesión de obras públicas.

Este sistema, que implicaba acuerdos con empresarios de la construcción y la ingeniería para la concesión de obras y subsidios e incluía el pago de retornos, “continuó durante la Presidencia de su esposa Cristina Fernández”, quien, para el juez, participó ya de la trama ilegal de recaudación durante el Gobierno de Kirchner.

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Según la investigación, el dinero era recolectado por funcionarios del Ministerio de Planificación y entregado a los secretarios privados de Kirchner e, incluso, a los propios mandatarios.

En 87 oportunidades, según el expediente, el dinero fue llevado al departamento de la senadora en el barrio porteña de Recoleta, pero también constan entregas en la residencia presidencial de Olivos y en la Casa Rosada.

“Entre el 25 de mayo del 2013 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y, por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios”, apuntó.

Según el fallo, los montos que los empresarios admitieron haber pagado más los mencionados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno permiten afirmar que “el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva” asciende a unos 100 millones de dólares.

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Sin embargo, el juez aclara que algunos empresarios confesaron haber abonado “diversas sumas de dinero durante muchos años” por lo que de momento no se ha podido establecer “a ciencia cierta cuánto dinero se abonó”.

Quién es quién

La mayoría de los imputados fue procesado con prisión preventiva, aunque una docena de ellos no irá a la cárcel porque han sido aceptados como “colaboradores” (arrepentidos).

Entre los procesados hay importantes hombres de negocio, como Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina -la mayor patronal del país-; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio; Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, y el empresario de la construcción Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

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El de ayer es el sexto procesamiento que suma Cristina, investigada en otras causas por presunta corrupción y que asegura ser blanco de una persecución política urdida por jueces y el Gobierno de Macri. “Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho”, dijo a Efe uno de los abogados de la ex mandataria Gregorio Dalbón.

A pesar de la preventiva, la ex jefa de estado por Buenos Aires seguirá en libertad por sus fueros como senadora, que el PJ no piensa sacarle mientras la causa esté en instrucción y no haya una condena firme.

Bonadio estimó que “lo producido por esos sobornos era utilizado” para financiar ilegalmente campañas electorales o “vinculadas a la gestión política del Gobierno y de organizaciones satélites, para comprar voluntades del Poder Judicial” o “a tareas de inteligencia política”.

“Pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”, destacó el juez.

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