La Plata en otra primavera de la venta ambulante

Desde el día de las elecciones primarias hasta la fecha, la venta callejera recrudeció en La Plata, recuperó y ganó más terreno del que había cedido frente a los controles que se habían desplegado en el microcentro y volvió a convertirse, por consiguiente, en un grave problema para la Ciudad. La escalada de la venta informal se reflejó en un aumento del 13 por ciento respecto a la medición anterior. Por contrapartida, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la venta callejera retrocedió en el mismo lapso.

Tales datos surgieron del último relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), publicado en la edición de ayer. En La Plata, en total, se detectaron 108 puestos de venta ambulante, cifra que, vale aclararlo, no contempla a aquellos puesteros que suelen instalarse en las ferias ni en las denominadas “saladitas” que arman en parques y plazas, con lo cual la cantidad de puestos ilegales es mucho mayor. Por ejemplo, sólo en la que suelen armar en plaza Italia se montan unos 400 puestos.

De la medición -realizada entre el 1 y el 30 de septiembre pasados- se desprende otro dato que ya se venía verificando en el microcentro: hasta agosto la cantidad de manteros se había reducido. Tanto es así, que el relevamiento asegura que hasta el mes pasado había 49 por ciento menos de puestos que el mismo período del año anterior. Pero desde entonces la cantidad de vendedores callejeros no ha parado de aumentar.

En cuanto a las zonas más afectadas, el primer puesto lo ocupa la correspondiente a la Terminal del ferrocarril, con 53 puestos habilitados. Esto representó el 49,1 por ciento del total de puestos relevados en calles de la ciudad, aseguraron desde la CAC. Le sigue la cuadra de 47 entre 6 y 7, en inmediaciones del Banco Provincia, en donde se concentran unos doce puestos, y también figuran en el listado los centros comerciales de calle 8 y 12.

Está claro que la Ciudad tendrá que replantearse si pretende o no terminar con una actividad ilegal, vertebrada sobre la base del trabajo en negro, la existencia de mafias, la procedencia dudosa de las mercaderías, la evasión de tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales, entre otras gravísimas cuestiones involucradas- que se traducen, esencialmente, en la competencia desleal que entabla con el comercio regularmente instalado.

Por lo pronto, no existe antecedente alguno que autorice a suponer que a partir de la anomia pueda desarrollarse alguna actividad productiva para la sociedad. Por pequeñas que puedan parecer –que, además no lo son- tantas transgresiones sumadas no pueden desembocar en resultado positivo alguno.

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Está ya demasiado claro que nuestra ciudad fue elegida hace años por organizaciones mafiosas que manejan este negocio clandestino en el país y, frente a las cuales, no cabe otra alternativa sensata que la de aplicarles las leyes vigentes. Son muchas las localidades que, en cambio, impiden el ingreso de la venta ambulante a sus jurisdicciones, evitándose así la suma de males que traduce toda actividad informal.

Ya se ha señalado también, en reiteradas oportunidades, sobre lo dañoso que resulta para la actividad económica general -y, a la corta o a la larga, para los propios vendedores y la sociedad toda- la venta ambulante. No se trata de promover ninguna acción contra personas que, al no contar con otras alternativas, invocan su derecho a trabajar. Se trata éste de un problema social, grave y perentorio por cierto, que el Estado debe preocuparse en resolver, pero nunca al costo de permitir el anárquico desborde que implica la proliferación de la venta ambulante.

De lo que trata ahora es de que la Municipalidad, con el respaldo de los cuadros normativos que la avalan, haga valer en pleno su poder de policía, para impedir que florezcan estas muestras de competencia desleal y de total desaprensión en materia higiénica, impositiva y legal, de la que hacen gala organizaciones mafiosas, que son las que promueven esta actividad informal.