La Ley de Alquileres obtuvo media sanción en la Cámara baja en la última sesión del año

La Cámara de Diputados aprobó hoy por amplia mayoría, y giró en revisión al Senado, un proyecto de reforma de la ley de Alquileres, que contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.

La iniciativa fue sancionada en general por 192 votos, que fueron aportados por la mayoría de los diputados del interbloque Cambiemos, el Frente para la Victoria, el massismo, Alternativa Federal y la izquierda, mientras que 24 legisladores se abstuvieron, en su mayoría del macrismo.

La iniciativa fue el primer tema que se debate en la última sesión del periodo ordinario, en cuyo transcurso se debatirá la ley de Góndolas y un centenar de iniciativas que tienen el acuerdo de todo el arco político.

Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual (en lugar de semestral), que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.

En ese sentido, se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Este artículo fue uno de los que mayor debate generó e incluso se debió votar en forma nominal a propuesta de los legisladores que se oponían a la actualización anual.

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Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad.

En cuanto al depósito, el dictamen fija que no se podrá pedir "el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes" y determina que el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.

Otro aspecto clave del dictamen es que se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.

Además se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados, y aquellas familias que no tengan como acceder a un sistema de garantías.

El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, dijo que con esta iniciativa se busca "dar soluciones a un problema que afecta a ocho millones de argentinos" y destacó que se tienen que regular estos contratos porque "existe una situación desigual" entre inquilinos y propietarios.

Tras explicar detalles de la ley y defender la decisión de subir de dos a tres años los contratos de alquiler, el diputado macrista dijo que esta propuesta "viene a equilibrar las relaciones entre los sectores".

Por su parte, el diputado kirchnerista, Adrián Grana, manifestó su satisfacción de que, con el inminente cambio de gobierno, "vuelve una agenda a favor de los ciudadanos".

El diputado de Evolución Radical, Martín Lousteau, dijo que es muy importante tratar esta ley "en un contexto de gran incertidumbre y preocupación" ya que "se avanza en nivelar la relación entre partes, protegiendo a los más débiles".

En tanto, el diputado de Consenso Federal, Marco Lavagna, dijo que "es una ley con un gran impacto social con el cual el desafío es hacer una norma equilibrada, con protección de los derechos de los locadores y de los locatarios"

Por su parte, el diputado radical Luis Petri señaló "hoy le garantizamos a las ocho millones que alquilan en la Argentina que puedan acceder a una vivienda".