Finalmente, el Gobierno revocará el nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo

La polémica que generó la publicación del nuevo "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)", publicado ayer en el Boletín Oficial por orden del secretario de Salud Adolfo Rubinstein, sigue tan vigente como en las últimas horas ya que contrariamente a lo que trascendió, el Gobierno nacional no oficializó su derogación, de modo que por el momento sigue vigente la resolución que dividió las aguas en el seno del propio oficialismo y cosechó rechazos y adhesiones de toda la política.

Sin embargo, esta mañana, después de la reunión de Gabinete que el presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa de Gobierno, la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, confirmó que la resolución será revocada. "El protocolo debe ser revocado porque fue una decisión inconsulta del secretario de Salud", señaló la responsable del área.

En esa misma línea se refirió el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro: "La resolución se va a derogar y tiene que ver con una cuestión de formas. No se está haciendo un juicio de valor sobre la norma ni sobre el secretario de Salud, por eso no se le pidió la renuncia".

De esta manera, Rubinstein seguirá en su cargo hasta el 10 de diciembre, a pesar de que hubo varias voces dentro del oficialismo que ayer pidieron su dimisión.

La normativa publicada por orden del titular del área de Salud generó una fuerte división en Juntos Por el Cambio, repitiendo un escenario que se diera el año pasado cuando el proyecto fue debatido en el Congreso y rechazado tras no ser aprobado por el Senado pese a que Diputados le había dado luz verde.

Mientras Federico Pinedo, uno de los referentes del espacio oficialista, dijo que le parecía “lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”, desde el radicalismo tomaron una postura totalmente contraria. La cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) tomó distancia al considerar "necesaria" la aplicación del nuevo protocolo y respaldó al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por haber puesto en marcha la iniciativa.

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"En concordancia con los valores de nuestro partido, desde el Comité Nacional y la mesa de la Convención Nacional de la UCR creemos necesaria la resolución ministerial 3158/19, que da lugar al protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo", expresaba un comunicado.

Además, el partido radical, aliado al PRO y a la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio, valoró el "compromiso por la salud pública y el trabajo realizado" por Rubinstein, de origen radical.

El ex senador Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos, expresó su "solidaridad, apoyo y afecto" a Rubinstein, a quien definió como un "funcionario ejemplar" y un "lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión". Por su parte, el diputado y senador electo Martín Lousteau planteó que es una "verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande", al calificar la medida como una "decisión contradictoria y que reprobamos", mientras que el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, manifestó por su parte que "el protocolo sobre ILE da cumplimiento al fallo 'FAL' de la Corte Suprema y al Código Penal vigente en nuestro país, donde se trata de solucionar un grave problema de salud pública que afecta a niñas y adolescentes". Por eso ratificó su apoyo a Rubinstein por la medida que tomó, "acorde con los principios radicales en defensa de derechos".

Rubinstein también cosechó respaldo desde el mismo PRO, como es el caso del diputado platense Daniel Lipovetzky, quien señaló desde Twitter que "el nuevo protocolo para abortos no punibles reglamenta el artículo 86 del Código Penal vigente desde 1921", por lo que, dijo, "no hay razón alguna para derogarlo".

En ese sentido, el legislador que fue vocero oficialista en el tema aborto pero ahora discrepa con su partido, consideró un "despropósito que aún haya provincias que no lo apliquen, permitiendo que mujeres violadas vuelvan a ser abusadas por el Estado al no garantizar un aborto legal".

En el mismo sentido, la diputada del PRO Silvia Lospennato indicó que por la mañana había "celebrado la sanción de la resolución del Protocolo ILE" por ser "absolutamente necesario para garantizar el acceso en todas las provincias a los derechos consagrados en la ley vigente", tras lo cual expresó: "Ojalá la decisión no sea revertida".

Qué dice la resolución sobre el nuevo Protocolo

La actualización del Protocolo impulsada por la secretaría de Salud, se adecuó a "normativas internacionales", para garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.

La normativa 3158/2019 se confeccionó "teniendo en cuenta las dos ediciones de la 'Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles' de 2007 y 2010".

"La actualización del Protocolo responde, también, a la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y AMEU-Aspiración Manual Endouterina) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos", remarcó la resolución.

Se establece que esta actualización "es parte de la política pública llevada adelante por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva" y que "responde a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del ministerio de Salud de la Nación".

En referencia a este punto, Silvia Oizerovich, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de la Nación, que participó de la actualización del Protocolo, explicó la importancia de dicha modificación al señalar que "es fundamental que ahora el Protocolo esté acorde al Código Civil y Comercial del 2015, donde se explica que las niñas menores de 13 años podrán brindar su consentimiento acompañadas de sus progenitores o representantes legales, aunque prima el derecho de la niña, el que que debe informarse al órgano protector de derecho".

La directora de Salud Sexual señaló que la decisión de adaptar el protocolo a la Resolución 65/2015 de la Secretaría de Salud de la Nación implica que se especifique "claramente cuando se habla de una práctica invasiva, que es la que no implica riesgo de vida".

Asimismo, se recuerda que dicho trabajo fue elaborado con la colaboración de "destacados especialistas" en el tema según criterios internacionales vigentes donde se establece "una metodología de trabajo rigurosa y uniforme en la materia para el ámbito nacional".

La normativa remarca que estos procedimientos se llevan a cabo en los dos casos en que el aborto puede ser practicado de manera legal hasta el momento: cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación, según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal.

Asimismo, la resolución oficial establece que el derecho de acceso a la salud es abordado por el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE "sin incurrir en discriminación alguna e incluye en su línea de atención a todas las personas con posibilidad de gestar un embarazo, sin ninguna distinción relativa a su identidad de género ni a las prácticas sexuales que pudiera llevar a cabo".

Oizerovich remarcó, también, que las provincias que hayan adherido al protocolo del 2015 "no necesitan modificar su reglamentación ante esta actualización".