Asuntos Internos: recusaron a la fiscal por estar casada con un “comisario investigado”

El cruce judicial entre la fiscal que abrió una investigación contra la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) y el titular de ese organismo sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con el pedido de recusación de la instructora y las fuertes acusaciones con el que lo fundamentaron.

El planteo ante el juez Guillermo Atencio lo hizo el abogado Marcelo Peña, defensor del titular de AGAI, Guillermo Berra, y de la auditora sumarial María Rosario Sardiña, por lo que considera una “manifiesta pérdida de objetividad que deriva en temor de parcialidad” de parte de la fiscal Cecilia Corfield (UFI 15 de La Plata). Para entender este conflicto hay que remontarse al 22 de octubre, cuando las oficinas de AGAI fueron allanadas por orden de Atencio y a instancias de Corfield, en virtud de una denuncia que hizo contra Berra el ex comisario general Omar Martín, desplazado por enriquecimiento ilícito e investigado por lavado de activos.

A criterio de la defensa hay un “manto de sospecha en dar celeridad a un planteo completamente pueril”, en virtud de una “animosa conducta en obtener información confidencial llevada a cabo por el titular del organismo de Control AGAI”. ¿Con qué objetivo?

Ensaya Peña algunas posibilidades a modo de interrogantes, aunque hace pie en el último para fundar la recusación: “¿Obtener información confidencial al efecto de que ante el final de una gestión política la misma pueda filtrarse?”.

Para la defensa hay una “absoluta pérdida de confianza” en la fiscal y “en el criterio con que desarrolla la pesquisa”, por la presunta “afectación a los principios de objetividad, legalidad y oficialidad”.

Fundamentó ese argumento en el hecho de que Corfield está “casada con un Comisario Inspector (de la Policía Bonaerense)” con un sumario en curso en Asuntos Internos, que “no solo fue iniciado por denuncia presencial sino que también cuenta con declaraciones testimoniales de efectivos policiales que confiaron en el organismo para presentarse y declarar lo sufrido”.

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Fuentes oficiales confirmaron a este diario que aquel sumario se abrió en el año 2016, cuando el esposo de la fiscal prestaba servicios en la DDI Morón (ahora lo hace en la de La Plata), de modo que por el tiempo transcurrido podría prescribir pronto o avanzar en la imputación o desafectación del mismo.

Según la defensa de Berra, “ante la infructuosa tarea de avanzar con la denuncia de Martín”, Corfield habría “citado al auditor sumarial que tenía la responsabilidad de investigar a su propio marido”. Y ese funcionario ya habría declarado que le pidieron, específicamente, “que lo imputara”. Dicho de otro modo, esta cuestión permite avisorar una nueva tormenta en el futuro judicial de Berra, en caso de que no prospere la que se abrió con la denuncia del llamado “comisario millonario”, por lo que la defensa adjudica a la titular de la UFI 15 “la intencionalidad y sugestiva agilidad” de “golpear asertivamente la labor” del jefe de AGAI, con boleto picado a partir del 10 de diciembre.

Desde el arranque de la causa este diario ofreció a Cecilia Corfield la posibilidad de responder a los cuestionamientos de la otra parte, pero en más de una oportunidad se excusó de hacerlo. Sin embargo, dijo al diario La Nación, en una nota publicada el 25 de noviembre, que “ante cualquier duda, me habría excusado de intervenir en el expediente. Pero tengo un certificado emitido por el Ministerio de Seguridad que informa que mi esposo no está bajo investigación en Asuntos Internos. Por tanto, continuaremos con nuestra labor”.

“Esta recusación no debe ser interpretada” por la fiscal como un reproche personal, aclaró Peña en su escrito, “sí como la obligación legal en el ejercicio de la abogacía”, en particular, argumentó, cuando “Guillermo Berra y Rosario Sardiña se encuentran en un cúbico estado de ser victimizados por una mecánica política”. En este punto recordó el antecedente de 2007, cuando la denuncia de un subcomisario que terminó condenado por estafas habilitó un allanamiento “por motivos similares”.

“El interés del estado en resolver presuntos casos penales no puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una persona”, insistió el abogado, para fundar el pedido de que sea un fiscal “objetivo, carente de interés personal o familiar” el que instruya la instrucción penal preparatoria. Lo definirá Atencio. Y, eventualmente, apelarán lo resuelto.

La denuncia contra Berra la presentó el ex comisario general Néstor Martín, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y supuesto lavado, pesquisa en la que un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detalló que tiene 101 propiedades inmuebles, un helicóptero, dinero, caballos de carrera, acciones de una concesionaria de autos y jugadores de fútbol.

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