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Vecinos de Villa San Martín presentaron un recurso judicial contra Ctibor para que controle el particulado que vuela desde su planta en el Parque Industrial
La justicia inspeccionó la planta de Ctibor en abasto/ Sebastián Casali
Aunque poco conocido en la Región, Villa San Martín es uno de los barrios más antiguos de los que rodean Abasto. Comenzó a surgir en la década del 50 como un pequeño asentamiento rural con el aporte de familias rusas y ucranianas de la posguerra, que dejaron su marca en el porcentaje inusual de rubios entre sus vecinos y una iglesia ortodoxa que persiste hasta hoy. El barrio tenia ya casi medio siglo cuando a fines de los 90 se levantó a su lado el primer parque industrial de La Plata, un acontecimiento que en medio de la crisis de desocupación despertó entonces esperanzas en muchos de sus pobladores pero que hoy se ha vuelto un motivo de angustia para parte de las 700 familias que viven allí.
Las quejas de los vecinos apuntan en particular hacia una de las quince empresas radicadas en ese parque industrial: Cerámica Ctibor. En una demanda por daños patrocinada por un equipo de abogados de la Facultad de Derecho de la UNLP, un grupo de habitantes de Villa San Martín le reclama a la empresa que tome medidas para frenar la emisión de particulado de tierra, ya que aseguran que ésta sería responsable de problemas respiratorios entre la gente del lugar.
Rechazada en primera instancia por el Juzgado Nº 13 de la Ciudad, la demanda llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que días atrás realizó una inspección de la planta para evaluar la situación. Si bien los camaristas no se han expedido aun en respuesta a la medida cautelar solicitada por los vecinos, la investigación ha dejado por lo pronto en evidencia la falta de fiscalización por parte de organismos estatales sobre el funcionamiento del Parque Industrial.
Y es que, como informaron desde el gobierno bonaerense y la Municipalidad de La Plata a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Cerámica Ctibor, una de las empresas más tradicionales del a Ciudad, no contaría con un permiso vigente para la descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera ni tampoco con Certificado de Aptitud Ambiental.
“No tenemos ninguna intención de ir contra una fuente de trabajo para mucha gente del barrio, pero algo tenemos que hacer para preservar nuestra salud. Desde que hace unos años trasladaron acá la zona de acopio y aumentó la circulación de camiones, vivimos tapados de tierra desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en que terminan su actividad. Y no es sólo que la gente tiene que vivir con los chicos adentro o sin poder tender la ropa, muchos estamos teniendo problemas en los ojos o para respirar”, cuenta Mirian Cuevas, una de las vecinas que impulsa la demanda judicial.
La zona de acopio a la que se refiere la vecina es un predio de alrededor de una manzana ubicado en la calle 516 bis entre 232 y 233. Allí se alzan a cielo abierto altos montículos de tierra de diversas composiciones y colores que, al soplar el viento, en especial los días de calor, liberan un particulado muy fino de polvo que suele sumir al barrio en una nube, acumulándose sobre las plantas, los parabrisas de los autos y cualquier objeto que quede a la intemperie. Pero que además, según denuncian habitantes de Villa San Martín, sería causa de sus padecimientos de salud.
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“El malestar es continuo. Yo vivo con una conjuntivitis casi permanente; a otros les pica la garganta, y hay muchos chicos que están todo el tiempo con bronco espasmos o tienen problemas serios para respirar. Entendemos que están dentro de un parque industrial pero nosotros vivimos acá desde mucho antes. Y esa zona de acopio de tierra no puede estar a cielo abierto, tendría que estar cubierta de alguna forma para que no vuele”, sostiene Mirian, molesta por tener que “estar reclamando por cuestiones de las que deberían ocuparse los organismos de control ambiental”.
Lo mismo señala Gilma Gallardo, otra de las demandantes, cuya casa linda con el predio de Ctibor. “Mi nene de 5 años tiene problemas serios en los pulmones: estuvo internado un montón de veces por problemas respiratorios: y mi hermana vive ahogándose porque casi no puede respirar. En este barrio muchas familias la estamos pasando muy mal por la tierra”, cuenta la vecina, quien asegura que no buscan compensaciones económicas sino “simplemente que se tomen medidas para poner freno a la situación”.
Al ser consultadas sobre el reclamo de los vecinos de Villa San Martín, fuentes de Cerámica Ctibor aseguraron hallarse al corriente de la denuncia judicial. “Lo único que tenemos para comentar es que estamos bajo un proceso judicial en donde vamos a demostrar que esta denuncia está mal hecha. Nuestra planta funciona dentro de un parque industrial que cumple con toda la normativa y la documentación que impone el Estado a las empresas”.
“Tenemos la tranquilidad de contar con nuestro certificado de impacto ambiental y todas las regulaciones en regla y al día. Por eso nos vamos a someter a este proceso donde hay medidas probatorias que van a demostrar que esto no es cierto. Inclusive han estado los jueces visitando la planta y recorriendo el barrio, donde a simple vista se advierte que la denuncia que ellos hacen no es tal”, explicaron fuentes de Ctibor que afirman estar “esperando que el proceso culmine y deje en claro toda esta situación”.
Sin embargo desde el equipo de abogados que patrocina a los vecinos, la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNLP, aseguran que “la empresa, si bien se halla dentro de un parque industrial habilitado, está actuando por fuera de la normativa vigente”, y que “la denuncia de los vecinos sacó a la luz serias deficiencias de fiscalización ambiental”.
Cuando antes de disponer la inspección ocular a la planta, “los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil pidieron la documentación tanto a la Provincia como la Municipalidad resultó que la empresa no cuenta con el permiso para efluentes gaseosos que otorga el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) ni tampoco con el certificado de aptitud ambiental que otorga el Municipio y que figura vencido desde el año 2002”, afirma Camila Castro, una de las integrantes de la Clínica de Derecho Ambiental.
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