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Los presuntos ilícitos se habrían cometido a través de falsos alquileres de plazas en el Hotel Alto Calafate
El juez federal Julián Ercolini elevó ayer a juicio oral y público la causa “Hotesur”, en la que, entre otros, están procesados la senadora Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita.
Los presuntos ilícitos, en los que también está involucrado el detenido empresario Lázaro Báez, se habrían cometido a través de falsos alquileres de plazas hoteleras en el Hotel Alto Calafate, para disimular pagos de sumas millonarias a la familia Kirchner.
Según el sumario, Cristina recibió, por parte de Báez, dinero “a través del negocio hotelero”
También van a juicio oral los procesados Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner; el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; el contador Víctor Manzanares; Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornoz, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
En el auto de elevación a juicio, Ercolini atribuyó a los procesados haber formado parte de “un complejo entramado societario” que se puso en marcha “para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado”.
Según el sumario, los ex presidentes Cristina Fernández y su cónyuge Néstor Kirchner (fallecido) recibieron por parte de Báez dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”.
De tal manera los fondos percibidos podían ser declarados ante el fisco y la Oficina Anticorrupción (OA), ocultando su verdadero origen.
De acuerdo con constancias reunidas en el sumario, de esa manera se habrían perpetrado maniobras ilícitas por unos 80 millones de pesos.
Báez, procesado también en otras causas, fue beneficiario de contratos millonarios de obra pública.
El pase de la causa a la etapa plenaria había sido requerida por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Para los fiscales la “organización” permitió “transferir y disimular parte de las ganancias en poder de los empresarios a los ex presidentes y a su núcleo familiar mediante préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros” y realización de mejoras, entre otras prestaciones.
Para el ministerio público el circuito de dinero se generaba a través de la asignación de una obra pública, luego los fondos se transferían a Báez, quien finalmente pagaba con parte de ellos las habitaciones del hotel.
Unos 4.600.000 dólares que fueron hallados en una caja fuerte del Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner, que permanecen embargados desde 2016, corresponderían a esas transferencias.
A mediados de 2016 Ercolini rechazó unificar la causa “Hotesur” con la conocida como “Los Sauces” en la que su colega, el juez federal Claudio Bonadio investiga el alquiler de la propiedad a Báez y al también detenido empresario Cristóbal López.
Hotesur SA es la empresa dueña del hotel Alto Calafate, entre otros establecimientos. El año pasado Ercolini procesó a la ex presidenta y los demás acusados de esta causa, como responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda.
Además, embargó a cada uno de los imputados por 800 millones de pesos. Los investigadores estimaron que en las operaciones ilegales se llegaron a blanquear al menos 80 millones de pesos, y por eso les aplicó a los acusados la mayor multa que contempla la ley: diez veces la cifra incorporada al circuito legal.
El juez Ercolini recordó que las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.
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