El llamativo proyecto que busca promover la venta ambulante

Un proyecto de ordenanza presentado por un concejal opositor en el Concejo Deliberante local, que propone admitir la venta ambulante en la Ciudad si la pobreza supera el índice del 20 por ciento, autorizando la instalación de ferias americanas en Plaza San Martín y Parque Saavedra, sin que se les exija a los puesteros ningún permiso o inscripción, originó el inmediato rechazo de las entidades que nuclean a los comerciantes , entre ellos los titulares de comercios de calle 8 y de la Federación Empresaria de La Plata (Felp). Cabría señalar que los dos lugares elegidos para instalar esas virtuales saladitas corresponden a paseos tradicionales e históricos de la Ciudad, el primero de ellos flanqueado por la Casa de Gobierno y la Legislatura bonaerense en pleno centro de la capital provincial.

Los empresarios y comerciantes pusieron de relieve que el rechazo a esa desusada iniciativa no significa desconocer “las dificultades a las que se ven enfrentados (casi todos los sectores), en particular los más vulnerables de la sociedad. Precisamente (por ello) lo que se pide es no aumentar sus secuelas habilitando canales irregulares de venta”. Mientras tanto, desde el Centro Comercial Calle 8, 9 y Adyacencias, señalaron que la iniciativa presentada “va contra los marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales”, y además promueve “la competencia desleal con los comerciantes, quienes también estamos sufriendo la crisis económica con la baja de las ventas y las subas de los impuestos, tasas bancarias, tarifas y alquileres”.

En cuanto al contexto socioeconómico que, en principio, serviría como basamento del texto, tal argumento fue reiteradamente analizado en esta columna, a lo largo de muchas décadas y de las distintas administraciones que se sucedieron. En ese sentido, se ha dicho siempre que es el Estado el que debe buscar fórmulas para resolver las emergencias socioeconómicas de las personas que, por falta de trabajo, acuden a actividades informales, pero que no sólo no resulta conveniente, sino que es esencialmente ilegítimo pretender legislar a favor de actividades marginales que transgreden las leyes nacionales, provinciales y municipales.

El denominado “acompañamiento municipal” a esas personas que se postula en el proyecto constituiría, en definitiva, promover desde el Estado objetivos incompatibles con su misma esencia. En modo alguno la Municipalidad podría fomentar la evasión a impuestos de la Nación y de la Provincia, así como a las propias tasas comunales. Tampoco debe otorgar luz verde a una venta de productos con marcas que resultan ser imitaciones de las originales. Y mucho menos debería patrocinar o tolerar la presencia de mafias a cargo de la organización de la venta ambulante en el país, que explotan en forma impune a los puesteros.

Se sabe que el proyecto también generó una dura polémica puertas adentro del Concejo, en tanto que desde el Ejecutivo municipal se insistió en que ya se les ofreció a los ambulantes una salida “mediante la (inminente) habilitación del predio de la calle 80”, en una inauguración que –vale señalarlo- vino sufriendo reiteradas postergaciones y que, según dicen ahora, podría concretarse en los próximos días.

En una época en que los comerciantes y empresarios vienen realizando enormes esfuerzos por mantener abiertas las puertas de sus negocios, resulta ciertamente inexplicable que se pretenda favorecer la competencia desleal e ilegítima que significa la venta informal. ¿Se pretende, acaso, que bajen las cortinas los negocios minoristas y que cierren sus puertas las pequeñas y medianas industrias, a favor de una actividad efímera que, además, se basa en la explotación de las personas necesitadas?

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Ya se ha señalado, en reiteradas oportunidades, sobre lo dañoso que resulta para la actividad económica general la venta ambulante. De lo que trata ahora es de que la Municipalidad, el gobierno provincial y los organismos nacionales con incumbencia, respaldados en los cuadros normativos que los avalan, hagan valer en pleno su poder de policía, para impedir que florezcan estas muestras de competencia desleal y de total desaprensión en materia higiénica, impositiva y legal, de la que hacen gala organizaciones mafiosas, que, como se ha dicho, son las que promueven esta actividad informal.

Desde luego que las situaciones de real necesidad que puedan atravesar las personas que atienden los puestos deben ser consideradas y, en lo posible, resueltas por los distintos organismos del Estado, ya sea creándose lugares especiales que no correspondan a los espacios públicos o ayudando a los puesteros a encarar otras actividades, entre otras alternativas. Lo que no puede permitirse es que la venta ambulante pretenda imponer su flagrante ilegalidad y, además, continúe abusándose de la condición de precariedad de muchas de las personas que se suman a esa organización. Es de esperar, entonces, que el Concejo rechace in límine un proyecto que atenta contra principios básicos del derecho y de la justicia.