La deuda con la infancia

Concejal platense - Docente

En los países desarrollados, las políticas orientadas a la primera infancia cumplen un papel fundamental. Tanto es así que, en los últimos 20 años, empezaron a instalarse cada vez con más fuerza en la agenda pública. Un sinnúmero de estudios académicos argumentan que los niños y niñas que asisten a jardines maternales o jardines de infantes obtienen mejores resultados en el sistema educativo.

En 2010, la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia reafirmó a la educación inicial como un derecho humano fundamental. En 2015, la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU estableció como objetivo para 2030 “asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”.

Argentina, en 2005, sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se complementa con la Ley de Educación Nacional que ratifica la obligatoriedad de la sala de 5 y promueve la universalización de las salas de 4 y 3 años. En 2014, este marco legislativo se amplió con la sanción de la ley 27.045, que declara obligatoria la educación inicial para niños y niñas de 4 años en el sistema educativo nacional.

En el informe del CIPPEC “El acceso a la educación inicial en Argentina” (Steimberg y Scasso) se afirma que “los niños más pequeños, los de los territorios más alejados de las grandes ciudades y los de familias de bajos ingresos son quienes menos acceden a la educación inicial”. Estas consideraciones parecía tener en cuenta el presidente, Mauricio Macri, cuando en el debate presidencial de 2015 expresó: “me comprometo a construir los 3 mil jardines de infantes que faltan”. No obstante, en 2018 y 2019 se recortaron fondos del presupuesto nacional destinados a levantar jardines y aulas de nivel inicial. Un relevamiento del Instituto Marina Vilte, de Ctera, denunció que en 2018 sólo se construyeron 150 de las 3.043 aulas previstas.

Es evidente que hay una deuda con la infancia. Y que esa deuda, si demoramos en enfrentarla, tendrá duros costos sociales y económicos. Argentina no puede seguir postergando la resolución de este problema, y tampoco puede seguir escuchando promesas grandilocuentes. Los próximos debates presidenciales pueden ser una oportunidad para preguntarles a los candidatos: ¿Cómo resolverán esta deuda con los niños y niñas?

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