Argentina, Uruguay y un debate fiscal de fondo

Columnista de EFE

La polémica entre Argentina y Uruguay, dos países vecinos y socios en Mercosur, ha surgido tras las primeras ideas expuestas por el presidente electo uruguayo, el centroderechista Luis Lacalle Pou, para atraer inversiones a su país a cambio de beneficios fiscales.

El líder del Partido Nacional, que el 1 de marzo se convertirá en presidente de Uruguay, declaró recientemente que planea flexibilizar regulaciones para atraer a extranjeros, fundamentalmente empresarios argentinos, que inviertan e incluso se muden a suelo vecino, lo que ha servido para reavivar el fantasma, por lo menos desde la otra orilla del paraíso fiscal.

La otrora “Suiza de América” dejó de figurar en marzo de 2019 en la lista “gris” de paraísos fiscales que la Unión Europea elabora y que incluye casos reversibles con la aplicación de cambios legislativos.

El anuncio de Lacalle Pou, que pondrá fin a 15 años de Ejecutivos del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005, no dejó indiferentes a los empresarios argentinos -que esperan más datos sobre esta medida- ni a la clase política, con diferentes opiniones al respecto.

¿CÓMO SE CONSIGUE LA RESIDENCIA FISCAL?

Desde 2007, el sistema para conseguir la residencia fiscal en Uruguay sigue los criterios “más aceptados” internacionalmente, indica el experto uruguayo en Tributación Internacional Carlos Loaiza.

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Las personas físicas pueden establecerse si permanecen en el país más de 183 días o tienen allí a su cónyuge o hijos menores de edad, si genera en Uruguay una renta mayor a la que genera en otros lugares o si tiene una inversión superior a 15 millones de unidades indexadas (UI, casi 2 millones de dólares) en bienes inmuebles o 45 millones de UI (casi 6 millones de dólares) en empresas.

En el caso de las empresas, pueden mudar la residencia de manera definitiva o configurar un “establecimiento permanente” si se trata de una empresa exterior pero que actúa en Uruguay, explica Loaiza, que precisa que ese proceso “lleva unos meses” porque la compañía tiene que adaptar sus estatutos y funcionamiento al sistema uruguayo.

En ambas situaciones, señala, la institución solo tributaría por los beneficios generados en Uruguay y pagaría los mismos impuestos que una empresa originaria.

Apenas se conoció la idea, el presidente argentino Alberto Fernández, la cuestionó y reavivó el fantasma de Uruguay como paraíso fiscal. “El Frente Amplio, con ‘Pepe’ (Mujica), (Danilo) Astori y Tabaré (Vázquez) hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero obtenido espuriamente en otros lados, que si yo fuera Luis (Lacalle Pou) y me preguntara, le diría que lo pensara dos veces”, declaró en una entrevista.

Según Loaiza, es “apresurado” trabajar con dicho fantasma porque Uruguay está “muy alineado” con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y los estándares internacionales y, añade, favorecer la residencia fiscal real es algo que ya hacen países de esta organización.

En la misma línea se expresa el abogado uruguayo Tomás Teijeiro, quien asegura que “de ninguna manera” se va a facilitar un flujo de capitales “indebido”, sino que se van a hacer “más prácticas” determinadas normas para que los extranjeros se instalen en el país. “En Uruguay, las normas se respetan y las instituciones son firmes”, insiste, quien también resalta que el país siempre mantuvo una actuación “intachable” en este sentido y, por tanto, no dejará de cumplir los acuerdos internacionales firmados.

Por su parte, Loaiza advierte de que es importante que se exija que los traslados sean “genuinos” y “defendibles internacionalmente”.

LA POLÉMICA POLÍTICA

La idea planteada por Lacalle Pou en Punta del Este, una de las zonas más exclusivas de Uruguay y donde se congrega la actividad social del país en el verano, supone flexibilizar la residencia legal y fiscal, incluidas normas del Banco Central, para que los extranjeros puedan trasladar capitales a tierras uruguayas.

Su mirada se centró, básicamente, en empresarios argentinos, tanto los grandes nombres que veranean en el este uruguayo como los pequeños y medianos que se ven afectados por los vaivenes económicos de Argentina. Esta medida aspiraría a que 100.000 ciudadanos de esa nacionalidad se trasladasen a territorio uruguayo.

Con una población de 3,5 millones de habitantes, han sido varios los intentos del país vecino para atraer inversores.

A raíz del planteamiento de Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, explicó que su antecesor, José Mujica, ya intentó atraer a familias sirias o de Oriente Medio, experiencia que “no fue exitosa”, si bien acotó que “sería mucho mejor para el país” tener “un mercado interno de seis millones de habitantes”.

“En vez de traer 100.000 cagadores (defraudadores) argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá”, reaccionó Mujica, que agregó: “Tenemos unos U$$ 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?”.

No solo en las filas del Frente Amplio se han escuchado voces contrarias a la medida aún en el aire. El futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso, del Partido Colorado (PC, centroderecha), puntualizó dichas palabras en una entrevista con un medio argentino. “Sinceramente no sé de dónde sale la cifra de los 100.000 argentinos. Yo no tengo conocimiento que nadie haya manejado ninguna cifra. Ni que haya pensado ninguna política para atraer, exclusivamente, a los argentinos”, dijo Cardoso, quien agregó: “Lo que el presidente ha dicho y hemos conversado en más de una oportunidad es que vamos a tener un Uruguay abierto al mundo”.

la crisis argentina

Argentina ha perdido interés para los grandes capitales debido a la crisis económica y la recesión, a lo que se le sumó en el último mes la decisión del Gobierno de aplicar el recargo del 30 % a la compra de divisas para el turismo y consumos fuera del país.

Además, la ley de Solidaridad aprobada durante diciembre de 2019 determinó el pago de una alícuota diferencial más alta del impuesto a los Bienes Personales para los argentinos con bienes fuera de su país.

Por contra, y a pesar del alto costo de vida en Uruguay, este país sí puede ofrecer una seguridad “jurídica e institucional”, defiende Loaiza, además de un sistema fiscal “algo más simple”, si bien la presión fiscal es, por el momento, superior, según varios índices.

Para invertir en Uruguay no hace falta tener un socio local, la inversión puede ser 100 por ciento extranjera y el mercado de cambios es libre para la compra y venta de moneda extranjera, informaron a Efe fuentes de la agencia de promoción de inversiones, exportaciones y Marca País, Uruguay XXI. Uruguay “siempre ha sido un país receptor” de inmigrantes, señala el abogado Teijeiro, por lo que medidas como la adelantada por Lacalle Pou “no deberían sorprender”.

Se lleve a cabo o no la flexibilización, Loaiza insiste desde una mirada conservadora en mantener la reputación del país para que los propios interesados no obtengan situaciones jurídicas “débiles, poco robustas y defendibles en el marco internacional”.